Un brindis por Marbella

La Plataforma Ciudadana Contra la Revisión del PGOU de Marbella comenzó en agosto de 1997 formulando catorce denuncias por presunto delito urbanístico al haberse autorizado edificaciones en zona verde. En Marbella, ha sido la participación ciudadana la que ha puesto en evidencia los intereses a los que responde el planeamiento urbanístico del Grupo GIL: cinco mil alegaciones, casi ochenta denuncias penales, un centenar de recursos contenciosos-administrativos, y sobre todo, concentraciones constantes de perjudicados y una manifestación multitudinaria en el otoño de 1.999, sin precedente alguno en la historia del urbanismo en España.La lucha ha valido la pena. Me han llamado algunos amigos para celebrar que haya ganado la razón. Nos invitan a brindar por Marbella, que es también Andalucía.

Hace unos días nos ha tutelado la función pública que le encomienda la Constitución y las Leyes a nuestra Autonomía. A quien le parezca que la resolución de la Comisión provincial de Urbanismo que deniega la aprobación definitiva de PGOU es política, no tiene ni idea. Se trata de una resolución que responde, sin más, a los artículos 45 y 47 de la Constitución. Art. 45: "Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursosnaturales... Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas así como la obligación de reparar el daño causado". Art. 47: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La Comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

Y, habiéndose puesto de manifiesto la importancia que tiene la participación ciudadana en el urbanismo, aún nos queda un reto, perfeccionar nuestra Administración de Justicia para que su función, la de impartir justicia, nos llegue antes que el bien jurídico protegido -nuestros derechos colectivos- queden sin protección. Nuestro Código Penal no responde a un mero capricho del legislador sino a una necesidad sentida intensamente por la sociedad: la lucha contra las modernas formas de corrupción, una de cuyas manifestaciones principales es, en los últimos tiempos, la de la especulación fraudulenta del suelo. El Código Penal debe servir para atenuarlas graves consecuencias que llevan consigo las conductas más perniciosas en esta materia, que son de los "económica o socialmente poderosos". Estas conductas son difíciles de atajar, porque sus autores no son las personas que estén a pie de obra, sino desde los despachos, y como en Marbella, personas constituidas en autoridad o que participan del ejercicio de funciones públicas, con el consiguiente escándalo social y merma de la credibilidad y prestigio del oficio del servidor público.

La obligación de los ciudadanos es denunciar, la de los Jueces de Instrucción y del Ministerio Fiscal investigar, y dar respuesta a una demanda de la colectividad, el espacio físico y el entorno urbano. Pero hay un problema; compartimos con el profesor Fernández Rodríguez, su preocupación sobre la endeble persecución del delito urbanístico: "Se ha lanzado a unos tribunales, como los penales, y al Ministerio Fiscal, cuyos miembros carecen de la preparación y de la experiencia necesaria para valorar con exactitud el complejo mundo del urbanismo y la forma en que los actores se ven obligados a desenvolverse en él".

Con el amparo que ya nos ha otorgado nuestra Administración autonómica se nos ha encendido una luz verde, con un doble significado: esperanza y ecología. Por eso hemos de exigir que el desarrollo sostenible en Marbella comience con un estudio de impacto medio ambiental conforme a la Ley 7/94 de 18 de Mayo.

Inmaculada Gálvez es diputada verde en el Grupo Socialista del Parlamento Andaluz.