Sueldos a precio 'de mercado'

Los consejeros de Castilla y León cobrarán a partir de 2001 hasta tres millones y medio de pesetas más que en la actualidad

Cargos más eficaces

Los consejeros de Juan José Lucas en el Gobierno de Castilla y León (PP) cobrarán a partir del próximo año hasta tres millones y medio de pesetas más que en la actualidad, un aumento del 48%, según el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2001, que incluye una subida de sólo el 2% para los funcionarios. Con esta medida, criticada por la toda la oposición, los de Lucas pasan al tercer lugar de los consejeros mejor pagados. De cobrar ahora una media de 7,5 millones de pesetas anuales, pasarían a un sueldo igual para todos de 10.818.000 (el de economía ya percibía 10,2 millones). Pero hay un consejero al que le han congelado el sueldo y sólo le suben ese 2% que rige para los funcionarios. Claro que José Luis González Vallbé, titular de Fomento, figura como el mejor pagado de España: 18 millones al año que han llevado a la oposición a referirse a este funcionario de la Unión Europea en excedencia como el Anelka de la función pública.

El fichaje de Vallbé desató en su día una importante controversia, incluso entre sus propios compañeros de Consejo de Gobierno, que no obstante fue acallada por la mayoría absoluta de Juan José Lucas en el Parlamento, como previsiblemente sucederá con las nuevas retribuciones.

Con esta medida, extendida a los secretarios generales (cuya nómina anual aumenta en 1,9 millones y se convierten en los segundos mejor pagados de las comunidades autónomas), directores generales y al propio presidente de la Junta, que cobrará más de once millones y medio de pesetas (unas 700.000 pesetas más que ahora), se abandona el criterio de austeridad predicado por José María Aznar, desde que ocupara la presidencia de Castilla y León. Su sucesor en el cargo hasta ahora sólo subía los sueldos lo que estipulaba el Índice de Precios al Consumo (IPC), a pesar de que sus compañeros en otras regiones fueron adecuando sus salarios a los de la administración central.

Esta importante subida, reiteradamente anunciada y aplazada debido a su coincidencia con convocatorias electorales, acallará las voces críticas del PP en Castilla y León pero ya ha levantado un buen escándalo entre la oposición en el Parlamento autonómico. Tanto el PSOE como IU y Tierra Comunera critican tanto el aumento de sueldos en sí como el hecho de que la misma ley de presupuestos que la propicia implique "una pérdida de poder adquisitivo real para el resto de los funcionarios y personal laboral de la administración autonómica que verán incrementada su nómina con un exiguo 2%, muy por debajo del IPC realmente previsto para el próximo año".

Los partidos de la oposición recuerdan que desde 1995 han ofrecido un gran acuerdo, al que el PP no ha respondido, para regular los sueldos de los consejeros pero también los de los alcaldes, concejales, diputados provinciales y presidentes de diputación.

Por su parte, el Ejecutivo autónomo arguye que es necesario adecuar los sueldos a las cantidades que se pagan en el mercado para poder contratar altos cargos más cualificados. La oposición se pregunta con sorna "cuáles de los actuales altos cargos serán cesados cuando la medida entre en vigor y se pueda contar con personal con un nivel superior". Esos aumentos contrastan con la austeridad del resto del proyecto de ley de presupuestos cuyo máximo objetivo es lograr el déficit cero, lo cual implicará una reducción de determinados programas como son la mejora de la calidad de la enseñanza (recibirá un 18% menos), abastecimiento y saneamiento de aguas (se reduce un 8,56%), Infraestructuras ferroviarias (desciende la inversión en un 37,86%), producción agraria ( baja el 12,11%), competitividad (se destina un 19,19% menos).

Los sindicatos con representación en la función pública regional coinciden totalmente con la oposición en la denuncia de esta situación que además será caballo de batalla en las reivindicaciones salariales de los próximos meses por comparación con el incremento general del 2% que el ejecutivo les quiere aplicar.