Los médicos creen "ilegal" un acuerdo firmado por el SAS y los sindicatos

Los médicos de familia andaluces creen "ilegal" el Pacto de Reubicación firmado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y tres sindicatos de la Mesa Sectorial de la Sanidad (UGT, CSIF y Cemsatse), donde se da prioridad al tiempo trabajado por los profesionales frente a criterios como la mayor formación.Según denunció ayer la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SAMFYC), que acoge a dos de cada tres médicos de familia de Andalucía, este pacto "se firma a la carta" para "recolocar" a médicos que no han aprobado la oferta pública de empleo que acaba de finalizar, con lo que, a juicio de estos facultativos, "se relega al paro a médicos mejor preparados". Esta denuncia se realiza poco antes de la reunión de la Mesa Sectorial de la Sanidad, que se celebrará mañana y en la que los sindicatos tratarán este asunto.

El presidente de SAMFYC, Juan Manuel Espinosa, indicó que este acuerdo "incumple varios acuerdos de la ley sobre provisión de personal estatutario de los Servicios de Salud, pues no cumple los requisitos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad previstos en las leyes, y recoge como único mérito para la recolocación el tiempo trabajado, ignorando méritos como la formación". Para Espinosa estos acuerdos "se realizan al margen de las bolsas de trabajo y son fruto del clientelismo irracional", en una actitud que supone "la quiebra de los pactos anteriores del SAS y de la Consejería de Salud en el Consejo Interterritorial, donde se valoraba mejor la formación de sus médicos".

"No entendemos por qué se gasta el Estado miles de millones de pesetas del dinero público en formar a cientos de médicos cada año si luego no valora dicha formación y condena al paro a los médicos mejor preparados", denunció Espinosa, que añadió que esta situación "obliga a que los médicos de familia mejor preparados se vean obligados a emigrar a otras comunidades donde sus méritos sean mejor valorados".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0028, 28 de octubre de 2000.