El gobierno municipal de Málaga aprueba una recalificación con plusvalías millonarias

La oposición en el Ayuntamiento de Málaga sembró ayer de dudas una operación urbanística aprobada por el gobierno municipal, del PP, que conlleva la recalificación de casi medio millón de metros cuadrados en una futura zona de expansión de la ciudad. Tanto el PSOE como Izquierda Unida acusaron al PP de haber propiciado un "pelotazo urbanístico" con unas plusvalías mínimas de 2.000 millones de pesetas para sus propietarios. El concejal l de Urbanismo, Manuel Ramos, rechazó las acusaciones e indicó que se trataba de un negocio redondo para el consistorio, que en lugar de pagar 121 millones en expropiaciones, obtiene terrenos valorados en 1.000 millones.

La finca en cuestión, denominada Soliva, comprende algo más de 443.000 metros cuadrados y está próxima al futuro parque empresarial proyectado en el entorno del Parque Tecnológico de Andalucía y a uno de los tramos de la futura segunda ronda de circunvalación de la ciudad. Los terrenos fueron considerados, en su mayor parte, un área de reserva de suelo no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Ese mismo año, tras la firma del convenio de la vivienda con la Junta de Andalucía para el cuatrienio 1996-99, se inició el proceso de expropiación de parte de la parcela, que se iba a destinar a suelo para levantar viviendas sociales.Tanto IU como el PSOE llamaron ayer la atención sobre el hecho de que en medio del proceso de expropiación, los terrenos fueran adquiridos por Benahavis Park, una empresa vinculada a la constructora Edipsa. Esta inició un litigio por el precio fijado por el consistorio en la expropiación, en torno a 121 millones de pesetas, y tras la negativa del Ayuntamiento a estimar sus alegaciones y declarar la urgencia de la ocupación de los terrenos, decidió acudir a la vía de lo contencioso.

La polémica ha surgido cuando el equipo de gobierno del PP decide dar marcha atrás en el proceso expropiatorio y alcanzar un acuerdo con los propietarios a través de un convenio que contempla la recalificación para suelo urbanizable de la totalidad de los terrenos.

Merced al convenio, el consistorio malagueño obtiene 340.000 metros cuadrados sobre los que edificará un conjunto de unas 1.500 viviendas sociales. Los propietarios se quedan con el tercio restante, 163.601 metros cuadrados, y obtienen también una autorización para extraer áridos y arcilla en la zona por un periodo de cinco años.

El concejal socialista Jaime Alonso Oliva aludió en el pleno de ayer a que la iniciativa era "un negocio" y desde ese punto de vista había que tratarlo. En este sentido, indicó que en la práctica la empresa obtenía dos beneficios evidentes: de un lado, suelo para levantar unas 750 viviendas y de otro, autorización para extraer arcilla en pleno boom de la construcción y en una etapa de dificultades para las empresas del sector ante el escasez de canteras en Málaga.

En esta misma línea, el portavoz de IU, Rafael Rodríguez, exigió explicaciones al gobierno del PP sobre el hecho de que la empresa hubiera adquirido por 295 millones de pesetas los terrenos, cuando en el proceso de expropiación su precio estaba fijado en 121. "¿Quién compra una parcela por el triple de su valor en la expropiación, sino conoce de antemano que la operación no será finalmente de otro manera?, se cuestionó Rodríguez". "Esto es un negocio puro y duro. Uustedes [equipo de gobierno] nos acusaron de hacer titulares, pero nosotros les podremos acusar de propiciar pelotazos", sentenció Rodríguez.

El concejal de Urbanismo, Manuel Ramos, que se estrenó ayer en el pleno en su nuevo cargo, defendió la bonanza del convenio e indicó que el proceso expropiatorio se podía haber alargado hasta tres años, lo que hubiera bloqueado el desarrollo del plan de la vivienda. "Frente a sus dudas y las sombras que quieren sembrar sobre el convenio", replicó a la oposición, "hay datos concretos sobre el beneficio para la ciudad"

Ramos indicó que la empresa está obligada a hacer viviendas de protección oficial en la zona y cifró en unos 1.115 millones de pesetas el valor de los terrenos y de los aprovechamientos que obtendrá el consistorio. Es más, llegó a afirmar que las plusvías para la empresa eran negativas, pero que serían compensadas con los ingresos por la extracción de áridos.