El bosque indefenso

Sólo un 14 % de las grandes ciudades cuenta con ordenanzas municipales sobre arbolado

Los servicios municipales de cualquier ciudad están acostumbrados a llevar un control exhaustivo sobre un variopinto catálogo de elementos, desde los coches matriculados en la urbe hasta las obras de todo tipo que se realizan en terrenos de su competencia. Al patrimonio vegetal, sin embargo, no se le otorga la misma consideración, y pocos son los ayuntamientos andaluces que cuentan, por ejemplo, con un inventario fiable de su arbolado urbano, lo que dificulta las labores de mantenimiento y conservación de estos seres vivos.Ni siquiera abundan las ordenanzas encaminadas a ordenar y proteger las zonas verdes, disposiciones de las que carecen el 86% de los municipios andaluces con más de 30.000 habitantes. La situación mejora si el volumen de población se eleva por encima de los 100.000 habitantes, ya que en este caso el grado de implantación de este tipo de ordenanzas sube hasta el 50%.

Así las cosas, no sorprende que en el Diagnóstico Ambiental de las Ciudades Andaluzas, realizado por encargo de la Consejería de Medio Ambiente, se señale el maltrato que sufre la vegetación urbana y la incidencia que tiene este fenómeno en el bienestar de los ciudadanos. En Granada, por ejemplo, la redacción de un Plan Integral de Arbolado Urbano, iniciativa que pocos municipios han llevado a cabo, ha servido para constatar que casi la tercera parte de los árboles de la ciudad (unos 7.000) presentan graves problemas de estructura, caída de ramas o enfermedades, lo que, en algunos casos, obligará a su tala.

En el conjunto de la región, los especialistas que redactaron el diagnóstico ambiental han advertido una clara tendencia a la reducción en el número de especies arbóreas presentes en las ciudades. Se camina hacia un modelo uniforme, que empobrece el paisaje desde un punto de vista estético, en el que predominan unas pocas especies, sobre todo naranjos, robinias, jacarandas, plátanos y paraísos, en detrimento de variedades de porte medio y alto. Este fenómeno, aclaran, obedece a que se buscan árboles "que causen el menor impacto posible sobre el pavimento de las calles y las infraestructuras adyacentes".

Esta situación se ha generalizado en los cascos históricos, que han ido perdiendo los ejemplares de mayor porte, por las limitaciones de sus calles estrechas e irregulares, y en aquellas barriadas donde el viario está muy próximo a las edificaciones. Apostar por un número limitado de especies supone arriesgarse a perder buena parte de la vegetación urbana en caso de que apareciera una plaga o enfermedad.

Especialmente grave se está revelando, asimismo, el impacto que causa la construcción de aparcamientos en los barrios más poblados, obras que suelen acabar con la escasa vegetación que puebla estas zonas. El caso más discutido es el de los jardines de San José, en Cádiz, para cuya defensa se ha constituido una plataforma ciudadana que se opone a la construcción de un aparcamiento.

En la mayoría de las ciudades andaluzas se tiende a incrementar la superficie arbolada de acuerdo a criterios cuantitativos más que cualitativos, de manera que han proliferado las plantaciones no solo poco diversificadas, sino demasiado densas, en hoyos pequeños y con tierras de mala calidad. En estas circunstancias los árboles urbanos ven reducida de manera notable su esperanza de vida, factor muy sensible a métodos incorrectos de plantación y podas drásticas. Si hace algunas décadas determinadas especies, aún estando rodeadas de asfalto, podían vivir cien o doscientos años, hoy los mismos árboles difícilmente alcanzan el medio siglo.

El hecho de que escaseen las ordenanzas reguladoras de todas las cuestiones relacionadas con la vegetación urbana plantea serios problemas a la hora de conservar aquellos ejemplares del arbolado urbano más valiosos, ya sea por su calidad estética, rareza o antigüedad. Esta situación contrasta con la de otras ciudades europeas, donde suele ser práctica habitual la catalogación de todos aquellos individuos con más de un siglo de vida. Para subsanar esta carencia, algunos municipios, como el gaditano de Jerez de la Frontera, prohíben de forma genérica la tala del arbolado noble o con valores reconocidos, estableciendo mayores gravámenes, a la hora de autorizar una tala, en función de la edad y rareza de los ejemplares afectados.