Las últimas subidas del gasóleo reabren la batalla entre Gobierno y consumidores

Las últimas subidas del gasóleo han dinamitado el acuerdo firmado entre Gobierno y transportistas, agricultores, y pescadores para paliar los efectos del alza de los carburantes. Repsol YPF subió el viernes cinco pesetas el litro de gasóleo, la mayor alza de un sólo golpe que recuerda el sector, y BP la secundó 24 horas después, al aumentar sus precios cuatro pesetas. Los sectores perjudicados reclaman ahora al Gobierno que baje los impuestos de los carburantes porque consideran que los acuerdos de septiembre son insuficientes, y amenazan con protestas. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, se niega.

Los agricultores, transportistas y pescadores están otra vez en pie de guerra. Los últimos incrementos del gasóleo (Repsol el viernes, cinco pesetas; y BP el sábado, cuato pesetas) han reavivado la protesta social que el Gobierno apaciguó con los acuerdos firmados con los sectores perjudicados a finales del mes pasado. Los consumidores vuelven a solicitar que se bajen los impuestos sobre el gasóleo para paliar el impacto negativo que la escalada del precio de este carburante está produciendo en sus costes.El viernes pasado, Repsol YPF, la mayor petrolera española por cuota de mercado (45%) incrementó de un plumazo en cinco pesetas el precio del litro de gasóleo y dos el de las gasolinas súper y sin plomo. El impacto de la medida, tanto para el bolsillo de los consumidores como psicológico, fue tremendo. Nadie en el sector petrolero español recordaba un único aumento de cinco pesetas de una sola vez. Además, el golpe vino una semana después de que Cepsa aumentara dos pesetas su gasóleo. La situación se agravó cuando, 24 horas después, BP aumentó ese carburantes cuatro pesetas y otras dos las gasolinas.

Agricultores en pie de guerra

Los primeros en reaccionar con disgusto a las subidas fueron los agricultores y el primer hombre del Gobierno en salir al paso de la nueva oleada de malestar fue el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. La Confederación de Organizaciones Agrarias (COAG) solicitó de inmediato un precio subvencionado del gasóleo. Arias Cañete reaccionó de forma negativa. El ministro acusó a la organización agraria de no querer alcanzar acuerdo alguno con el Gobierno, porque "sabe que pide cosas imposibles". "COAG está pidiendo que el Gobierno le garantice un precio político del gasoil", según Arias Cañete, lo que supondría "intervenir en los mercados petrolíferos, lo cual atenta contra el libre mercado", añadió. Arias Cañete recordó que la UE prohíbe expresamente este tipo de medidas, que "distorsionan la competencia en el seno de los países miembros, máxime cuando nuestro país tiene uno de los gasóleos más baratos de Europa".

El secretario general de la Unión de Pequeños Agriultores (UPA), Fernando Moraleda, advirtió al Gobierno que el acuerdo de finales de septiembre "corre peligro si el Ejecutivo no es capaz de concretar una respuesta" a las nuevas subidas del precio de los carburantes. Moraleda reconoció que el acuerdo con el Gobierno "compensa las pérdidas del pasado", pero señaló que "tiene que ser flexible para adaptarse a la nueva situación".

El acuerdo alcanzado el 4 de octubre pasado reduce los módulos de IRPF e IVA para tansportistas y agricultores y concede bonificaciones a la Seguridad Social a los pescadores. El coste del alivio fiscal, más las otras medidas previstas para cada sector, es de 120.000 millones de pesetas para el Estado.

Según Moraleda, la nueva subida del precio del gasóleo "no tiene ninguna justificación de mercado, ni siquiera aludiendo al conflicto de Oriente Próximo". En este sentido, explicó que la verdadera razón de este nuevo aumento de precios es el intento de las petroleras de "obtener un resultado económico que no pudieron tener durante el momento álgido de la contestación social".

Por último, Moraleda dijo que las petroleras "se equivocan si piensan que van a subir el precio sin presión social; dirigiremos esta presión hacia las compañías". El representante de la UPA sugirió al Gobierno que para aliviar la situación actual y controlar próximas subidas fije "una tasa sobre los beneficios de estas grandes compañías".

La UPA y COAG, de forma separada, encabezaron las protestas que desde mediados y finales de septiembre causaron grandes trastornos al Gobierno. La UPA, junto a la asociación de camioneros autónomos, Fenadismer, encabezó la Plataforma de Consumidores de Carburantes. Este grupo, que incluía además a taxistas, subcontratistas de la construcción, pescadores y conductores de ambulancias, entre otros consumidores perjudicados, convocó y llevó adelante varias manifestaciones y cortes de salida de los depósitos de combustible.

Desabastecimiento

COAG hizo lo propio en el mismo sentido: tractoradas, marchas y bloqueos de los depósitos de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) que provocaron un desabastecimiento de combustibles e incluso de productos de primera necesidad en varios puntos de España.A las movilizaciones de los agricultores se sumaron los bloqueos de los puertos por parte de los pescadores y los amarres de flota por tiempo indefinido. La guinda la pusieron los camioneros con una movilización que provocó el caos en los puestos fronterizos a principios de este mes.

Ahora la situación está a punto de repetirse. Todos los sectores afectados han amenazado al Gobierno con nuevas protestas si no es capaz de reaccionar a las últimas subidas de carburantes. De momento es COAG quien ha confirmado que habrá nuevas marchas de protestas.

Sin embargo, ninguna de las asociaciones agrícolas, pesqueras o de transportistas duda de que se sumará a esa movilizaciones si el Gobierno no cambia de actitud.

Firmeza del Ejecutivo

Pero el Ejecutivo se muestra inflexible. Ayer mismo, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró que el Gobierno no modificará el acuerdo alcanzado con las cooperativas y las organizaciones UPA y Asaja sobre las compensaciones por la subida de los carburantes, a pesar de las movilizaciones de agricultores y ganaderos convocadas por COAG. Rato precisó que "el Gobierno no va a cambiar ni su posición ni los acuerdos alcanzados con las organizaciones agrarias por estas hostilidades". Asimismo, el ministro de Economía indicó que "la decisión de algunos agricultores y ganaderos de movilizarse no responde a la realidad, porque cuando se firmaron los acuerdos para las compensaciones del sector ya se establecía un baremo de 30 dólares el precio del barril de petróleo".