Cardenal no da su informe a los fiscales

Las objeciones del Consejo de Estado a la reforma antiterrorista se suman a otras de no menor calado formuladas tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como por la Junta de Fiscales de Sala del Supremo.La principal objeción de la Junta de Fiscales se refería a la supresión del artículo que penaliza los disturbios en los plenos municipales. Un portavoz de la Fiscalía dijo ayer que el informe de la Junta no iba a ser distribuido. Fuentes de la Junta de Fiscales explicaron que ni siquiera los fiscales de Sala disponen del texto, ya que el fiscal general, Jesús Cardenal, lo ha remitido directamente al ministerio sin darles copia.

Las mismas fuentes agregaron que, aunque ése es el proceder acostumbrado de Cardenal, esta vez ha provocado indignación entre algunos fiscales, dada la importancia del documento. La situación ha llegado al extremo de que al menos uno de ellos ha enviado un memorándum sobre su intervención al secretario de Estado de Justicia, José María Michavila, para que éste disponga de una versión propia.

Por su parte, el CGPJ propuso de entrada reducir a la mitad el ámbito de aplicación de la reforma de la Ley Penal del Menor, y excluir de ésta a los menores de entre 14 y 16 años. El Consejo adujo que en ese tramo de edad, "el superior interés del menor" reclama la aplicación de medidas educativas y resocializadoras.

El informe del CGPJ contenía una carga de profundidad para el Gobierno al señalar que el dictamen había tenido en cuenta "el parecer del legislador del año 2000", es decir, el del propio Partido Popular que aprobó la Ley Penal del Menor el pasado mes de enero.