Matas y Puig, dos gotas gemelas JOAN BOADA I MASOLIVER

En la presentación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) se ha manifestado muy claramente que los planteamientos del ministro del PP y del consejero de CiU son muy parecidos con relación a una política del agua basada en la gestión de la oferta. No debe extrañarnos: ambos creen que el territorio está al servicio del mercado y lo tratan como si fuera una mercancía más, susceptible de ser comprada o vendida según las necesidades de un modelo basado en la depredación de los recursos naturales. En cada uno de los territorios donde han actuado -Baleares, el ministro, y Cataluña, el consejero- han destacado por dar apoyo a actuaciones insostenibles en el territorio que hipotecan las necesidades y la calidad de vida de las futuras generaciones.De esta manera se entiende que el consejero Puig haya manifestado muy rápidamente el apoyo al PHN, a pesar de que comporta el uso abusivo y la destrucción de una parte del patrimonio catalán (y de la humanidad) como es el delta del Ebro. Este plan se ha basado en recoger todas las demandas de agua, efectuar una relación contable y proponer un conjunto de obras (trasvases, embalses, etcétera) para satisfacerlas. Y el Departamento de Medio Ambiente, a través de la Agencia Catalana del Agua (ACA), ha hecho lo mismo. Ha decidido que en las cuencas internas de Cataluña se necesitan 350 hectómetros cúbicos de agua a medio plazo. Esta propuesta ha tenido el apoyo de la otra gota gemela y también del PSC (no sabemos si compartida con el grupo Ciutadans pel Canvi).

En el reparto, a Cataluña le "han tocado" 190 hectómetros cúbicos, a las cuencas del Júcar y del Segura 765, y a Almería 95. En total, 1.050 hectómetros cúbicos que saldrán del Ebro. La reacción del consejero Puig y del alcalde socialista de Barcelona ha sido decir que era insuficiente, que muy bien trasvasar agua del Ebro, pero que eran necesarias nuevas aportaciones del exterior, y en concreto del Ródano.

¿Por qué estas cifras y no otras? Pues porque el modelo que se ha utilizado para saber si hay un déficit hídrico en las cuencas internas de Cataluña ha sido el de la gestión de la oferta, y el criterio seguido, el de "agua a mansalva para contentar a todos": a los payeses, independientemente de la manera de cómo la utilizan; a las centrales hidroeléctricas y a las plantas embotelladoras, para mantener su negocio; a los campos de golf (unos 50 actualmente en Cataluña), para tener un césped verde; a los grandes productores de porcino, para continuar contaminando los acuíferos. Los defensores del agua a mansalva no se plantean en ningún momento que al ser Cataluña un país de clima mediterráneo, sometido a sequías cíclicas, nuestro modelo de desarrollo territorial debe tener en cuenta esta premisa. Esto no significa restricciones, sino una buena gestión de la demanda teniendo en cuenta los recursos.

El Gobierno de la Generalitat insiste en que hace falta agua para mantener los caudales ecológicos, para dejar reposar los acuíferos agotados y contaminados, para devolver el caudal cedido por el Ter, etcétera. Pero cabe preguntarse quién ha permitido la contaminación y el agotamiento de los acuíferos del Tordera, del Carme-Capellades y de otros. El Gobierno de la Generalitat, que durante 20 años ha continuado manteniendo una política de explotación sin control de los recursos naturales que nos ha llevado a esta situación. Debían haberse desarrollado políticas que fomentasen la modernización del riego agrícola, el control de la contaminación por purines, la regulación de las concesiones de agua a centrales hidroeléctricas y plantas embotelladoras, la limitación de la construcción de campos de golf, la elaboración de un plan territorial que definiese los parámetros del desarrollo urbanístico. Todas ellas son competencias del Gobierno de la Generalitat, que no las ha ejercido en un sentido sostenible, y constituyen una de las causas de la situación de estrés hídrico que sufre Cataluña.

Antes de decidir que es necesario trasvasar agua hay que hacer un balance hídrico de las cuencas internas objetivo y contrastado con técnicos independientes (hasta el momento se han utilizado estudios de Francesc Vilaró, presidente de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), empresa dedicada a la venta de agua) y que a partir de aquí se elabore un plan que prevea:-Medidas de ahorro en los ámbitos industrial, agrícola y doméstico.

-Regulación de las concesiones hidroeléctricas y de las plantas embotelladoras.

-Reutilización de todas las aguas depuradas, a partir de un tratamiento adecuado.

-Control de las pérdidas de la red (casi el 15%).

-Recuperación de las aguas subterráneas (en la cuenca baja del Besòs y en la parte baja del Plan de Barcelona).

-Recuperación de los caudales ecológicos, estableciendo unos parámetros marco.

-Medidas de carácter legislativo: una ley que regule el uso de aguas depuradas y su reutilización; leyes que fomenten el uso de materiales para la construcción que permitan el ahorro de agua.

-Despliegue de serias medidas en materia de educación ambiental y sensibilización, que realmente instalen en la sociedad los hábitos y comportamientos necesarios para un uso sostenible del agua.

-Normalización de la garantía de suministro y la calidad del agua.

Con el desarrollo de este plan de una forma seria y rigurosa, y con las aportaciones económicas necesarias, tendríamos elementos suficientes para saber cuál es el verdadero estado hídrico de nuestro país.

Cataluña está perdiendo el tren del futuro al no entender que el agua, la energía, el uso de combustibles fósiles, el tratamiento de residuos, la planificación y el equilibrio territorial son asuntos estructurales, de país, no sometidos a criterios economicistas ni especulativos.

En definitiva, las políticas sobre la gestión del agua del PP y de CiU son coincidentes (como en muchos otros casos), ambas dan prioridad a los intereses de los poderosos en detrimento del resto de la ciudadanía de hoy y del futuro. Dos gotas gemelas que hipotecan el futuro de Cataluña.

Joan Boada i Masoliver es portavoz de IC-Verds en el Parlament.