El Plan Regional prevé un servicio de acogida de emergencia para inmigrantes irregulares

Los inmigrantes irregulares que lleguen a Madrid en situación de extrema pobreza tendrán vivienda y manutención gratis durante tres meses. Así lo prevé el I Plan Regional para la Inmigración, que presentó ayer a bombo y platillo el presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP. Éste aseguró que es el programa "más ambicioso" de su legislatura y una "deuda pendiente" con la población inmigrante. Para la oposición y los sindicatos, sin embargo, el Gobierno ha aprobado el plan "sin consenso", "ha sido precipitado" y "no refleja la realidad".

"Afán de imagen"

El I Plan Regional para la Inmigración está dotado con un presupuesto de 13.360 millones de pesetas para un periodo comprendido entre 2001 y 2003. Está destinado a unas 250.000 personas que residen de forma legal en la Comunidad de Madrid, aunque la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, cifra en 175.000 los inmigrantes que realmente se beneficiarán de este "ambicioso" programa, como lo calificó ayer el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón.El Plan Regional también calcula dar cobertura a unos 10.000 inmigrantes no regularizados que igualmente viven en la capital española. A los irregulares está dirigido en gran parte, en palabras de Pilar Martínez, uno de los puntos más importantes del programa. Se trata de la creación de un servicio de acogida de emergencia, con carácter temporal y transitorio (tres meses), para los inmigrantes sin papeles que se hallen en situación de extrema necesidad. Para este servicio están previstas 240 viviendas o pisos tutelados con capacidad para cuatro personas, lo que supondría una media de 960 usuarios.

El presidente regional considera que este I Plan tiene un carácter "solidario, innovador y progresista". Y la consejera de Servicios Sociales va más allá: "Es un documento extraordinario".

No piensan así ni la oposición ni los sindicatos, que, si bien están a favor de la existencia del plan, critican que éste se pondrá en marcha de una forma "precipitada" y sin "reflejar la realidad". "Ésta es una oportunidad perdida de haber alcanzado un consenso social", declaró Francisco Contreras, portavoz de inmigración del grupo PSOE-Progresistas en la Asamblea. El parlamentario hacía referencia a que el Foro Regional para la Inmigración aprobó el proyecto de forma ajustada, 16 votos a favor y 11 en contra, y que desde las comisiones se solicitó que se aplazara para estudiarlo con más detenimiento. Contreras aclaró que la oposición no está en contra del programa, pero que se requería más tiempo para presentarlo, sobre todo si se tienen en cuenta los cambios que planea el Gobierno central a la nueva Ley de Extranjería. "Me parece que es un afán de imagen de la consejera", señaló. "Si el PP pretende reformar la Ley de Extranjería y hacerla más restrictiva y limitarla sólo a los inmigrantes regulares, ¿por qué Ruiz-Gallardón no podía esperar?", se preguntó Contreras. Y respondió: "Sólo me cabe una idea: imagen".

A ese respecto, Ruiz-Gallardón señaló, durante la presentación del plan, que éste no debía esperar. "El Gobierno puede esperar, pero los 250.000 inmigrantes, un 5% de la Comunidad, no". El presidente, no obstante, dejó abiertas las vías de diálogo con la oposición. "Pero lo más importante es que se ponga en marcha desde el 1 de enero".

Tanto Contreras como la portavoz de servicios sociales de Izquierda Unida, Caridad García, hicieron énfasis en que las cifras sobre las que trabajó el PP en la elaboración del plan "no corresponden a la realidad". En un primer momento, los números que manejaba la Comunidad indicaban que la población de inmigrantes de Madrid suponía un 3% del total de sus habitantes (unas 150.000 personas), cuando en realidad es actualmente el 5% (unas 250.000). Y basado en el primer dato se elaboró el presupuesto, según los sindicatos y la oposición. Hasta diciembre del año pasado vivían en Madrid 158.885 extranjeros regularizados, pero a esa cifra hay que sumarle los inmigrantes -más de 50.000- que han solicitado sus papeles por el reciente proceso extraordinario de regularización y también los que todavía se hallan sin documentación.

Caridad García, de IU, resaltó el hecho de que la oposición no ha recibido aún la memoria económica del plan. "Y nos han dicho que para el 2001, cuando se pone en marcha, se destinarán sólo 1.000 millones de pesetas. Eso no cuadra", señaló.

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT también hicieron duras críticas al plan de Gallardón y llegaron a considerarlo "destinado al fracaso". Veintinueve asociaciones de inmigrantes, sin embargo, han apoyado este programa. "Como punto de arranque está bien, pero se tienen que mejorar muchas cosas", declaró Álvaro Zuleta, de Aculco, la asociación cultural por Colombia y Latinoamérica.