Un tribunal francés anula la orden de expulsión a España del etarra Mobutu

El Tribunal Administrativo de Versalles informó ayer de su decisión de anular la orden de expulsión a España del ex dirigente etarra Félix Alberto López de Lacalle Gauna, Mobutu. El tribunal dictaminó además que el Estado pague 609,8 euros (101.500 pesetas) a Mobutu para cubrir los costes del juicio. En cambio, denegó su petición de suspender la orden para su expulsión del territorio francés. Su abogada, Maritxu Paulus-Basurko, tiene previsto recurrir esta negativa "para que se mantenga la actual situación de residencia vigilada" en Francia de su cliente.El tribunal, presidido por Jean-Francois Gipoulon, anuló en concreto la orden de expulsión a España firmada el 24 de mayo por el prefecto de Essone (delegado del Gobierno), contra la que había recurrido López de Lacalle. La instancia señala que tiene fundamento el argumento de López de Lacalle de que el decreto del prefecto que fijó España como país de destino, "que comporta los efectos de una extradición, debe considerarse como [algo] que se ha producido de forma irregular en el marco de una expulsión". De esta forma, el tribunal sigue parte de las recomendaciones formuladas el pasado lunes por el comisario del Gobierno, Joseph Krulic, quien advirtió de que la orden de expulsión a España podría ser interpretada como una "extradición disfrazada".

Al mismo tiempo, Krulic solicitaba que se mantuviera la orden de expulsión del territorio francés de Mobutu por considerarle "una amenaza para el orden público", y este criterio también ha prosperado. Esa orden de expulsión "no comporta en sí misma ningún país de destino, por tanto no puede ser considerada como constitutiva de una extradición disfrazada", según el tribunal.

Por otra parte, el Tribunal de Apelación de París rechazó ayer una demanda de extradición contra el presunto etarra José Francisco Segurola, Patxi, porque hay contradicciones "graves e inquietantes" en las declaraciones del terrorista arrepentido Luis Gorriti Pagola en las que se basa la petición. Dicha solicitud fue formulada el 4 de abril de 1996 por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por los delitos de "pertenencia a banda armada", "depósito de armas de guerra" y "depósito de explosivos".