Parejas autónomas

La reticencia del Partido Popular, cuando no la oposición, a regular legalmente las parejas de hecho está provocando que cada comunidad autónoma intente resolver el problema por su cuenta y de acuerdo con sus competencias. Siete comunidades preparan leyes sobre la materia, que se añadirán a las ya promulgadas en Navarra, Aragón y Cataluña. Este goteo legislativo se complementa con la existencia de registros municipales de parejas de hecho en al menos 200 ciudades españolas. En este asunto, la actitud del partido del Gobierno no parece ser otra que la de marear la perdiz con una propuesta de ley de uniones civiles que elude el fondo del problema y, sobre todo, impedir que la oposición aporte una solución a la desigualdad real que afecta a 250.000 parejas de hecho -hetero y homosexuales- que conviven en España.La semana pasada, el Partido Popular echó mano de su mayoría absoluta para bloquear en el Parlamento sendas proposiciones de ley de IU, Iniciativa per Catalunya, PSOE y CiU que pretendían, con diversas matizaciones, equiparar legalmente las uniones sentimentales de hecho con las de derecho. Hace tres años, el PP también paralizó -en aquella ocasión, con el voto aliado de CiU y del PNV- un primer intento de regulación legal patrocinado por el PSOE e IU. Para que no se le acusara de no hacer nada ante un problema que origina situaciones de abierta injusticia en un sector social cada vez más amplio, el PP se sacó de la manga un proyecto de ley de uniones civiles que regula cualquier tipo de relación, salvo la unión afectiva de parejas no matrimoniales. Desde la oposición y desde los colectivos afectados se ha visto la propuesta del PP como un sucedáneo de la verdadera solución legal y un subterfugio que le permite alardear de que regula las parejas de hecho sin hacerlo.

Pero, por más voluntad que pongan las comunidades autónomas, el problema de la regulación legal de las parejas de hecho no puede resolverse satisfactoriamente desde sus competencias respectivas. Sólo una ley de ámbito estatal, aprobada en el Parlamento, puede abordarlo cabalmente y acabar con los ingredientes más discriminatorios que perviven en la legislación vigente: derecho sucesorio, pensiones, concesión de nacionalidad, declaración conjunta de la renta, etcétera. Hace mal el PP en frenar la reforma y bloquear las propuestas de la oposición. Por iniciativa interna -Parlamentos autónomos- y por influencia externa -países de nuestro entorno-, el rumbo final será acabar con todo rastro de discriminación legal con las parejas de hecho, homosexuales o no. La propuesta de ley de uniones civiles del PP corre el riesgo de ser una antigualla.