La juez que investiga al PSOE abre proceso por las comisiones de Seat
La juez Teresa Chacón, que investiga la financiación ilegal del PSOE, dictó ayer un auto por el que transforma en procedimiento abreviado una parte del denominado caso AVE. Se trata del pago de 175 millones de pesetas por parte de Seat, con el fin de conseguir la recalificación de los terrenos que la empresa automovilística tenía en el paseo de la Castellana de Madrid, y cuyo valor se multiplicó por seis.
La juez ha abierto el procedimiento contra la ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, su marido, Miguel Molledo; el miembro del comité electoral del PSOE en 1986 Juan Carlos Mangana; el ex presidente de Seat Juan Antonio Díaz Álvarez; y el aparejador y el arquitecto del Ayuntamiento de Madrid Arturo García Barbeira y Javier Aguirre de Palacio, respectivamente. También abre procedimiento, pero en calidad de responsable civil, a Elena Abreu, viuda del ex embajador de Alemania en España Guido Brunner, fallecido en diciembre de 1997, a la que considera beneficiaria de las comisiones ilegales percibidas.La magistrada considera que en las diligencias ahora transformadas en procedimiento abreviado existen indicios suficientes para imputar a Aída Álvarez, Molledo, Mangana, Díaz y García Barbeira en delitos de cohecho en concurso con un delito de falsedad en documento público. A Aída Álvarez le imputa también delito fiscal. Sin embargo, Aguirre está imputado únicamente en la falsedad.
La única parte a la que afecta el auto de transformación dictado por la juez se refiere al pago de 175 millones de pesetas en un maletín (25 millones en metálico y 150 en un cheque) por parte de Seat al ex embajador Brunner, que acabó en manos de Aída Álvarez y su marido, y del funcionario García Barbeira.
No resultan afectadas, sin embargo, las otras piezas del sumario. Concretamente, las comisiones pagadas por la empresa alemana Siemens en la adjudicación del proyecto Nafa, el caso AVE propiamente dicho; la adjudicación del proyecto El Gurullero a la entidad Madrid-Sur 93, donde se produjeron recalificaciones de terrenos en Getafe, y la investigación de las empresas del grupo 2020, en su mayoría propiedad de Aída Álvarez, pero entre las que se encuentra también GMP, cuyos titulares eran Juan Carlos Mangana y Sotero Jiménez.
La juez da un plazo de un mes al fiscal y a las acusaciones para que formulen escrito de acusación con petición de apertura de juicio oral o insten el sobreseimiento.
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