El dueño de Muebles Peralta alega que corrigió los daños detectados en el edificio que luego se cayó

Francisco Peralta, dueño del edificio de Muebles Peralta que se derrumbó en Dos Hermanas (Sevilla) el pasado 3 de febrero causando tres muertos y 182 heridos, declaró ayer como imputado ante el juez que lleva el caso que desconocía que hubiera riesgo de accidente y aseguró que las deficiencias estructurales del edificio encontradas en 1983 se habían reparado siguiendo la dirección de personal técnico. Su abogado, Enrique Pérez Perera, indicó que el Ayuntamiento no puso ninguna pega sobre el estado del inmueble. Uno de los abogados de las víctimas, Florencio Souza, señaló que el último informe pericial sobre el edificio, conocido esta semana, recoge los mismos problemas que se encontraron en 1983.

El abogado defensor de Francisco Peralta, Enrique Pérez Perera, en su estrategia para defender a su cliente quiere dejar caer parte de la responsabilidad del derrumbe de una planta del edificio de Muebles Peralta en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Además de asegurar que Peralta desconocía en todo momento la posibilidad de riesgo de accidente, el letrado insistió en que la Administración local nunca puso ningún reparo a que el edificio continuara con su actividad comercial. "Si el ayuntamiento hubiera tenido un atisbo de algún problema, hubiera mandado cerrar el establecimiento y ningún técnico dijo que se cerrara porque estaba en peligro de ruina. Eso sí, cada mes venían a cobrar el IAE", dijo.El accidente se produjo el pasado 3 de enero cuando alrededor de 300 personas se agolparon en una de las plantas de la tienda que Muebles Peralta tiene en Dos Hermanas en busca de un sillón que había sido rebajado de 36.000 a 3.000 pesetas, lo que provocó el hundimiento del suelo. Las consecuencias fueron terribles: 185 víctimas, tres de ellas mortales. Pérez Perea señaló que su defendido no sabía que el edificio sólo estaba preparado para aguantar a 100 personas, en lugar de "las 300 que entraron a tropel".

En el proyecto original, firmado por el Colegio de Ingenieros Industriales, la nave derrumbada estaba prevista originalmente para oficinas, pero en el momento de la desgracia se utilizó como almacén y zona de exposición.

Francisco Peralta y sus socios, dueños del edificio siniestrado, ganaron en 1993 un juicio contra las empresas constructoras del mismo ya que desde 1981 se habían apreciado deficiencias en el forjado que afectaba a varias plantas. Las constructoras se vieron obligadas a indemnizar a Peralta con 88 millones.

Según Pérez Perea, este dinero fue destinado a resarcir los gastos por las "pequeñas obras de reparación" que su defendido tuvo que hacer reiteradamente en el inmueble desde 1984. Sin embargo, en el Ayuntamiento no consta que la empresa de muebles solicitara en ningún momento una licencia de obras de ningún tipo.

El abogado defensor aseguró que las reformas habían contado con la dirección de personal técnico como arquitectos e ingenieros e incluso se había arreglado la estructura de los forjados. Uno de los letrados que representa a las víctimas, Florencio Souza, puso en duda esta aseveración: "El último informe pericial [realizado a instancias del juzgado por el arquitecto Manuel Flores Llamas] recoge las mismas deficiencias en el año 2000 que las que había en 1983".

En este estudio se detalla que "las causas del colapso del forjado de la planta baja se deben buscar en la mala ejecución y en la mala calidad de los materiales empleados y no son debidos a otros elementos que componen la estructura como la cimentación, pilares o jércenas". También se apunta a que las supuestas obras que Peralta afirma que ha realizado para mejorar el edificio "no se han ejecutado en el forjado, y por supuesto en la zona del hundimiento no existía ningún tipo de refuerzo".

Pérez Perea le restó validez a las afirmaciones de este informe, "no es que no sean ciertas, pero sí derivan mucho de la realidad", y anunció que va a solicitar la realización de un segundo informe pericial sobre las causas del derrumbe.

El abogado de Francisco Peralta comentó que 52 de las 185 víctimas el accidente habían recibido una indemnización por parte de la empresa tras haber presentado el alta médica.

El próximo día 29 está llamado a declarar el arquitecto Manuel Flores Llamas, para que ratifique su informe.