Rodríguez Ibarra arremete contra el fiscal por no forzar la escolarización de los alumnos

El presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha decidido retirar la denuncia presentada ante la fiscalía del Tribunal Superior de su comunidad sobre la falta de escolarización en la que se encuentran más de 4.000 niños tras declarar el fiscal jefe que no ve indicios de delito en la actitud de los padres. Rodríguez Ibarra señaló que el fiscal no le ofrece "ninguna confianza" y que sus argumentos son "como mínimo peligrosos". Los padres advierten de que, si no se crean centros, "los niños no pisarán la escuela". "Ya nos hemos mentalizado de que van a perder un año".

"Si mañana no van a clase", dijo Rodríguez Ibarra, "será un problema de la sociedad extremeña, que se está jugando su futuro y que los niños se eduquen en condiciones de igualdad y calidad". El presidente extremeño añadió: "No vamos a recular, porque éste es el proyecto que queremos", y recordó que el PSOE lo incluyó en su programa electoral. Unos 500 padres de los 15 pueblos (que oscilan entre los 820 habitantes de Guadalperales y los 3.200 de Zahínos) en los que residen los 4.000 niños que aún no han iniciado el curso protestaron ayer ante la Asamblea de Extremadura. La inasistencia a clase es una presión para que el Ejecutivo regional amplíe la red de centros, construyendo institutos de secundaria en cada pueblo para que los niños no tengan que desplazarse. Pancartas y gritos dejaban explícita la situación ante la sede del Parlamento: "Niños a la escuela, no a la carretera", "Si esto no se aclara, caña, caña, caña", "Ibarra, los niños no son tuyos". Hubo enfrentamientos entre padres y fuerzas de seguridad.

La situación en Extremadura se recrudeció ayer tras unas declaraciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Jorge Sena, un hombre de talante progresista a quien se considera próximo al PSOE. Sena expuso que hay "grandes dudas" para tipificar como delito la actitud de los padres de no permitir la asistencia a clase de 4.000 niños. Esto ha provocado que la Junta se vea sin argumentos jurídicos para forzar la escolarización, precisamente el primer año que el Gobierno regional gestiona totalmente el curso tras asumir las competencias educativas. "Ellos utilizan a sus hijos en esa protesta y eso puede ser deplorable, pero ¿esa actitud supone una responsabilidad penal? Yo tengo mis dudas", señaló Sena al diario Hoy.

La reacción del Ejecutivo llegó ayer en el pleno del Parlamento regional. Rodríguez Ibarra anunció desde la tribuna de oradores: "He dado órdenes a la consejera de Presidencia para que retire, no la denuncia porque no hemos denunciado a nadie, sino el escrito en el que hemos puesto en conocimiento del fiscal unos hechos. He ordenado que se retire ese escrito porque ya nos ha contestado el fiscal. Y es que, sin estudiarlo, ya nos ha respondido en los medios de comunicación". Rodríguez Ibarra aseguró que el fiscal jefe ya no le ofrece "ninguna confianza": "No estoy dispuesto a hacer trabajar a los fiscales sobre algo de lo que su jefe ha dicho que no se puede presentar, porque los padres no están cometiendo ningún delito, sino que simplemente entienden la educación de otra forma". Ironizó después: "Espero que cuando alguien robe un coche o entre en una casa a robar, también el señor fiscal se conduzca con la misma filosofía: que entiende la propiedad de otra forma".

Denuncia nominal

Rodríguez Ibarra no pasó por alto la indicación del fiscal jefe de que las denuncias deben ser nominales: "Es verdad que no hemos denunciado a nadie [con nombre y apellidos]. Hemos puesto en conocimiento algo. Pero es peligroso. Si se hiciera caso de la teoría de este fiscal nunca podríamos denunciar la kale borroka del País Vasco. Porque cuando se presentan denuncias ante la fiscalía de la Audiencia Nacional no se dan nombres ni apellidos, sino simplemente se denuncia al colectivo que quemó o apaleó. Son teorías jurídicas como mínimo peligrosas". El presidente extremeño desveló que antes de presentar oficialmente el informe en el Tribunal Superior de Extremadura se había consultado con el fiscal jefe: "Le dijimos: 'Pasa esto. ¿Qué hacemos?' Y se nos dijo: 'Mandadnos un escrito'. Pero como se puede cambiar de opinión en 24 horas, hemos retirado el escrito que habíamos presentado".