El fiscal del Estado exige a Anticorrupción que le informe de "todas" sus investigaciones

La Fiscalía General del Estado exigirá al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que le dé cuenta "de todas y cada una" de las diligencias de investigación o informativas que se siguen en su fiscalía, además de los procesos penales en curso, según un documento de la Secretaría Técnica que será debatido hoy por la Junta de Fiscales de Sala. El escrito ha causado malestar entre algunos de los integrantes de la cúpula de la carrera fiscal por cuanto el documento alecciona al jefe de la fiscalía especial sobre los datos concretos que deben contener sus informes.

Cumplir la obligación

Fuentes fiscales consultadas por este periódico criticaron tanto "el tono" en que está redactado el documento -por cuanto alecciona sobre el cumplimiento de su "obligación" a un integrante del generalato de la carrera fiscal- como el hecho de que el fiscal general, Jesús Cardenal, no lo haya comentado "en persona" con Villarejo y "haya utilizado a su Secretaría Técnica y a la Junta de Fiscales de Sala" para una cuestión que debería haberse dirimido "en el despacho".El escrito de la Secretaría Técnica, según las citadas fuentes, explica que el Fiscal del Estado debe tener "cabal conocimiento" de "todas y cada una" de las diligencias de investigación o informativas que se siguen en Anticorrupción, ya que, en último término, es a él al que le corresponde decidir acerca de si los asuntos son, o no, competencia de esa fiscalía especial.

El documento aduce que Cardenal debe dar cuenta, a su vez, en un informe semestral dirigido a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal, de los asuntos que tramita Anticorrupción, por lo que en dicho informe deben reflejarse tanto los procesos judiciales penales como "las diligencias de investigación o informativas" del ministerio fiscal.

El documento concluye con un párrafo final en el que, según las citadas fuentes, se recuerda a Jiménez Villarejo que "para el cumplimiento de esta obligación", el informe que debe remitir a Cardenal no debe contener "una descripción meramente formal de las diligencias", con datos como el "número de registro y la fecha de incoación". "Por el contrario, se le exige que, "con la mayor precisión posible", delimite "los hechos que son objeto de investigación, su calificación jurídico-penal inicial y las personas que indiciariamente aparecen como responsables de los mismos", ya que todos esos datos son "imprescindibles para poder determinar la competencia de los procedimientos, según su "especial trascendencia".

Las fuentes informantes dijeron que el escrito ha causado malestar en algunos integrantes de la Junta y que el párrafo final, en el que se alecciona a un fiscal de Sala del Tribunal Supremo sobre la forma de presentar un informe, resulta "intolerable".

El documento tiene su origen formal en una reunión del Consejo Fiscal en el que algunos vocales plantearon la necesidad de que Cardenal les informase no sólo de los procesos judiciales en que interviene la fiscalía Anticorrupción, sino también de las diligencias informativas que se tramitan en esa fiscalía. Pero el escrito de la Secretaría Técnica supone un peldaño más en la escalada de desencuentros entre el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal y el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. En la última Memoria de la Fiscalía Anticorrupción, Villarejo se quejó de que Cardenal intensificaba el control sobre Anticorrupción cuando esta fiscalía "se enfrenta a la delincuencia del poder público y económico". La Memoria añadía que ese control es especialmente significativo debido a la falta de garantías sobre la independencia del fiscal general respecto del Gobierno.

Por otra parte, la Junta de Fiscales de Sala debatirá otro escrito de la Secretaría Técnica que analiza la extradición a Italia de mafiosos condenados en rebeldía. El informe critica la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional español, contrario a la entrega cuando el reclamado no tenga posibilidad de "un nuevo juicio sobre el fondo del asunto, porque "no tiene en cuenta las importantes reformas introducidas en el Codigo di Procedura Penale italiano".

El escrito concluye que "resultaría procedente (...) conceder incondicionalmente la extradición de los condenados en rebeldía por las autoridades italianas".