La justicia espera

La justicia está a la espera de lo que los poderes públicos decidan sobre su futuro. No es una tautología: siempre ha sido así, pero, en el inicio del año judicial, esta realidad es más evidente que nunca tras la propuesta del Gobierno de acometer un pacto de Estado sobre la justicia que no acaba de concretarse. En el acto oficial de apertura, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Javier Delgado, no pudo ser más explícito: emplazó a los poderes públicos -al Parlamento, al Gobierno y a las comunidades autónomas- a que "adopten las medidas necesarias para que el Poder Judicial pueda cumplir efectivamente, y en un plazo razonable, los cometidos que la Constitución le encomienda".A los problemas pandémicos de la justicia como servicio público, que inciden directamente en el ciudadano (escasez de medios, acumulación de asuntos, lentitud y, en definitiva, cicatería presupuestaria), se añaden otros, no menos importantes, que atañen al funcionamiento interno de los tribunales -es el caso de la redefinición del papel del Supremo como tribunal de casación-, pero que terminan también por repercutir en el justiciable. Tras una primera legislatura completamente ayuna de política judicial, el Partido Popular no puede dejar que transcurra ésta sin acometer estos problemas. Causa escándalo que en un Estado de derecho económicamente desarrollado, y cuyo Gobierno hace continua propaganda de lo bien que van las cosas, sus tribunales de justicia sigan a la cola de los Presupuestos y no se diferencien en muchos aspectos de los de principios de siglo.

Delgado criticó la acumulación de asuntos en el Tribunal Supremo, calificando de alarmante la situación de una de sus salas. Pero en la justicia española hay muchos aspectos que producen esa alarma: el colapso generalizado, que se traduce en dos millones de asuntos pendientes; una dotación presupuestaria de apenas el 1% de los gastos del Estado; procesos inadaptados a las necesidades del presente; una oficina judicial que no acaba de adaptarse a los métodos modernos de gestión ni valora las ventajas de la informática. No es casual que en los últimos años hayan aumentado las dificultades para cubrir las plazas judiciales que se crean o que quedan vacantes. El Gobierno está emplazado a tomar en serio la política judicial y a que el pacto de Estado sobre la justicia que ha propuesto a las fuerzas políticas no quede en un fuego de artificio. Debe hacerlo con mucha urgencia.