Ejecutado por corrupción un ex vicepresidente del Parlamento chino

China cumplió ayer una sentencia ejemplar con la ejecución del más alto funcionario del país condenado a muerte en los 50 años de régimen comunista. El ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular (ANP) Cheng Kejie había sido condenado en agosto por aceptar sobornos por valor de 4,9 millones de dólares (940 millones de pesetas). Su ejecución coincide con el desarrollo del mayor juicio por corrupción celebrado en el país, en el que están implicadas más de 200 personas.

El Gobierno chino ha emprendido una gran campaña contra la corrupción, en la que la ejecución de Cheng Kejie, de 66 años, ha servido para respaldar la afirmación del presidente Jiang Zemin de que los castigos se aplicarán sin importar el cargo de los acusados. Cheng fue destituido fulminantemente y expulsado del Partido Comunista el pasado mes de abril, después de que una comisión parlamentaria hallara indicios de culpabilidad en sus actividades públicas. El ex vicepresidente de la ANP aceptó la mayoría de los sobornos cuando era jefe del Gobierno de la provincia de Guangxi (1992-1998), cargo que precedió a su nombramiento para el legislativo en el último Congreso del Partido Comunista Chino. Cheng se embolsó los 4,9 millones de dólares en confabulación con una amante, Li Ping, de 46 años, quien fue condenada a cadena perpetua el pasado 9 de agosto y privada de sus derechos políticos y civiles para el resto de su vida. Li escapó a la pena de muerte gracias a su colaboración con los investigadores, a los que facilitó detalles sobre los delitos de Cheng y ayudó a recuperar el dinero.

La Fiscalía Popular Suprema de China ha juzgado a 104 altos funcionarios gubernamentales y miembros del Partido Comunista durante los primeros ocho meses de este año, según fuentes oficiales. La mayoría de los acusados, cuyos juicios todavía están en marcha, lo son por haber aprovechado sus cargos en la Administración provincial o nacional para desviar fondos públicos, encubrir el tráfico ilícito de bienes o enriquecerse a cambio de otorgar favores. La complejidad de algunos de estos casos, que abarcan varias provincias y chocan con la protección de los jueces locales, ha forzado al Gobierno a crear un Centro para la Investigación de la Corrupción, que será operativo antes de finales de año y tendrá poderes especiales.

De los casos actualmente en marcha, el registrado en la ciudad de Xiamen es considerado como "el mayor escándalo de la historia de la República Popular China", por la implicación de cientos de personas en una extensa red de contrabando de vehículos, caucho, petróleo y otros bienes. Cientos de funcionarios, entre los que se encuentran altos miembros del Partido Comunista, algunos relacionados directamente con el presidente Jiang Zemin, deberán ir pasando en los próximos días por los tribunales de primera instancia de las ciudades sureñas de Xiamen, Fuzhou, Quanzhou, Zhangzhou y Putian, acusados de contrabando, malversación de fondos y fraude por un valor de 80.000 millones de yuanes (cerca de dos billones de pesetas).

El caso se destapó cuando, tras unas investigaciones realizadas el pasado mes de enero en el Grupo Yuanhua, con sede en Xiamen, se descubrió que el director general, Lai Changxin, había obtenido un permiso oficial para ayudar a 500 ciudadanos chinos a emigrar a Hong Kong. En el proceso aparecen implicados desde el gobernador provincial hasta la esposa del secretario del Partido Comunista en Pekín, protegido del presidente chino, Jiang Zemin. El Diario de la Juventud de Pekín anunció a lo largo de la semana que se esperan al menos 10 sentencias de muerte entre los acusados.

El Gobierno chino anunció hace pocas semanas que, por razones humanitarias, se iba a sustituir paulatinamente la ejecución mediante el tiro en la nuca, la más aplicada actualmente, por la inyección letal.