De un plan de asistencia en 1999, al cierre de la Casa de Campo en 2000

Sólo palabras

La política del Partido Popular frente al problema de la prostitución en la Casa de Campo ha seguido un camino incierto que no ha conducido a ninguna parte. Tras más de un año de declaraciones desde el gobierno municipal, la oposición y los colectivos que ayudan a las prostitutas, las cosas en el parque siguen estando igual de mal. Al menos en lo que se refiere a las malas condiciones higiénico-sanitarias y al poco edificante espectáculo junto a zonas de ocio donde acuden miles de menores de edad. Este año se ha duplicado el número de mujeres que viven del sexo. Ahora se calcula que trabajan en la Casa de Campo 800 mujeres, en su mayoría africanas. La polémica que puso sobre el tapete las condiciones de trabajo de las prostitutas se desató en abril de 1999. José Ignacio Echeverría, del PP, era entonces el primer teniente de alcalde. El detonante fueron las multas que impuso la Policía Municipal a una pareja (una meretriz y su cliente) por prácticas sexuales diurnas castigadas en una ordenanza franquista de 1961 aún vigente. En ese texto se prohíbe "realizar en la vía pública cualquier acto que pueda molestar a los transeúntes y que, por su naturaleza, sea indecoroso". Para evitar que los agentes siguieran persiguiendo a parejas en el parque, José Ignacio Echeverría propuso trasladar a las mujeres a zonas recónditas para que quedaran fuera de la vista pública. También propuso limitar el tráfico de vehículos para alejar la prostitución.

Tras un primer contacto con las asociaciones que trabajan con prostitutas, APRAMP (Asociación para la Reinserción y Promoción de la Mujer Prostituta) y Hetaira, Echeverría se reafirmó en su decisión de trasladar a las mujeres al cerro de Garabitas.Por "sensible mayoría", las trabajadoras sexuales aceptaron en mayo la propuesta del PP a cambio de una serie de condiciones. Pedían cabinas telefónicas, transporte público y un punto de atención médica urgente, entre otras cosas. En cuanto llegó el periodo de elecciones municipales, el debate pasó a un segundo plano y los políticos olvidaron a las prostitutas.

Al llegar a la concejalía de Policía Municipal, María Tardón asumió en agosto el plan previsto por su antecesor. Es decir, no sólo las trasladaría al cerro de Garabitas, sino que también les ofrecería la ayuda que en su momento solicitaron y hasta abriría un desvío por la M-30 para que los clientes llegaran al lugar establecido. Sólo palabras. Tras las presiones que surgieron desde diversos sectores -la oposición, ecologistas y algunos ediles del mismo partido-, el Ayuntamiento dio marcha atrás. Eso fue en septiembre, tras descubrir el alcalde que el lugar elegido por su ex primer teniente de alcalde para ubicar a las prostitutas tenía un alto valor ecológico. Después se perdió todo contacto con las mujeres. Hasta que, en junio de este año, Tardón anunció que denunciaría a las mujeres por exhibicionismo y ahora ha propuesto cerrar al tráfico la Casa de Campo.