Avalistas de inquilinos en dificultades

Una entidad madrileña avala a 3.600 inmigrantes para evitar las reticencias de los caseros a alquilarles pisos

"No alquilamos pisos a extranjeros". A Hassan esta respuesta le resulta familiar. La ha escuchado al llamar a alguno de los anuncios de los periódicos gratuitos donde se ofrecen arrendamientos. A veces se ha topado con contestaciones menos tajantes pero ha comprobado que a él le querían cobrar una renta más cara que a un español. En otras ocasiones al casero le daba igual su origen, pero le exigía nóminas y avales, algo de lo que carece este joven marroquí a pesar de que tiene trabajo.Para vencer estos obstáculos que encuentran los inmigrantes y los españoles más desfavorecidos cuando pretenden alquilar un piso nació hace siete años Provivienda, una asociación sin ánimo de lucro sostenida con fondos de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Su primer cometido fue alojar, en 1993, a los dominicanos que malvivían en la abandonada discoteca Four Roses, en el acomodado barrio de Aravaca, donde fue asesinada, en un crimen con móviles racistas, su compatriota Lucrecia Pérez.

Este año, por primera vez, existe lista de espera: hay una demanda aún no cubierta de 114 pisos para 400 inmigrantes.

Desde 1993 esta entidad ha alojado a 3.600 extranjeros en 1.035 casas logrando además rentas más baratas. De la captación de los pisos y su seguimiento se encargan ocho personas, entre ellos varios trabajadores sociales.

Para vencer las reticencias de los caseros, Provivienda avala al arrendatario durante 12 meses, hace un seguimiento de la vivienda para garantizar su buen uso y suscribe un seguro multihogar, todo sin gastos para el propietario.

Esas medidas suponen una garantía para el dueño del piso. A cambio, la asociación le reclama que abarate el precio del alquiler ya que los grupos sociales con los que trabaja normalmente no pueden pagar rentas superiores a las 65.000 pesetas mensuales. Con el seguimiento se pretende evitar casos de subarriendo o hacinamientos y también echar un capote a los inmigrantes que a veces desconocen el funcionamiento de la red de agua, luz y teléfono y se pegan grandes sustos cuando llegan las facturas.

Manuel Blanco, gerente de Provivienda, explica que durante el primer año es esta entidad la encargada de pedirle al inquilino el dinero de la renta y de pagársela al casero antes del día 7 de cada mes. "Pero nuestro objetivo es mediar, no hacer de padres de nadie, por eso, salvo excepciones, el segundo año de contrato ya la relación es directa entre los inmigrantes y los caseros sin que intervengamos nosotros", apostilla.

"A veces nos llegan quejas justificadas porque, por ejemplo, el arrendatario hace un mal uso de la vivienda, pero también hay veces que es el vecindario el que debe eliminar prejuicios. Una cosa es que en un piso se hacinen decenas de personas con los ruidos e incomodidades que ello genera y otra que el dueño se queje porque los domingos se junte en la casa la familia del inquilino", matiza Blanco.

Hasta 1997 Provivienda se ciñó a facilitar el acceso al alquiler a los inmigrantes que, por su condición de extranjeros y porque, aunque trabajen, a menudo carecen de nóminas y avalistas, suelen toparse con negativas o verse obligados a pagar sobreprecios cuando acuden a arrendar casas. Pero, a partir de esa fecha el proyecto se amplió a otros grupos con dificultades para encontrar rentas asequibles, integrados tanto por españoles como por extranjeros: personas sin hogar que han dejado de vivir en albergues, mujeres solas con cargas familiares no compartidas...

De las 769 personas alojadas en 1999, la mayoría (648) eran inmigrantes marroquíes, ecuatorianos, colombianos o polacos y el resto (121) madrileños empobrecidos.

"Nuestra tarea se queda muy corta porque hay muchos ciudadanos necesitados de alojamientos económicos, así que habrá que emprender iniciativas innovadoras. Estamos pensando en un proyecto en el que las personas necesitadas de hogar rehabiliten casas en mal estado con el doble objetivo de adquirirlas por poco dinero obteniendo al final una vivienda, y de aprender un oficio", matiza Blanco.

El programa de Provivienda va dirigido a personas con ingresos bajos pero no en una situación depauperada ya que deben demostrar que pueden abonar las rentas. En todos los casos se exige que el alquiler no suponga más del 35% del total de ingresos de todos los habitantes del piso. El nivel de impagos no supera el 2% y cada año se producen cuatro o cinco desahucios.

¿Pero cómo se demuestra el nivel de ingresos sin tener nómina? Blanco explica que hay muchas fórmulas, por ejemplo, una carta del empleador o el aval de una asociación de inmigrantes o de atención social.

Muchos usuarios del programa llegan a él a través de asociaciones de apoyo a los trabajadores extranjeros como CEAR, ASTI, Comrade, Karibu o el Voluntariado de Madres Dominicanas o de entidades de trabajo social como Realidades, Cáritas o Cruz Roja. El Gobierno regional madrileño aporta 29 millones al año para el programa y ocho millones Trabajo y Asuntos Sociales.

La renta media mensual de los 1.035 contratos de arrendamiento firmados desde 1993 ronda las 55.000 pesetas (el precio máximo se dio en el primer año del programa, con 71.000 pesetas, y el mínimo el año pasado, con 54.596). Las viviendas se encuentran, mayoritariamente, en los distritos madrileños de Carabanchel, Latina y Puente de Vallecas, todos ellos de la zona sureste de la capital, y en los municipios de Alcalá de Henares, Alcobendas, Getafe, Leganés y Móstoles.

El 37% de los inmigrantes alojados son mujeres y un 24% niños. La edad media de las mujeres ronda los 33 años y de los hombres los 35. Por países de origen la mayoría procede de la República Dominicana, Ecuador y Marruecos. Suele tratarse de personas que trabajan en la hostelería, la construcción y el servicio doméstico.

De 1995 a 1997, además de seguir con su programa general, Provivienda albergó en casas de alquiler a 151 familias marroquíes que vivían en las chabolas del poblado de Peña Grande, ya desmantelado. El realojamiento de estos chabolistas se diferenció de otras intervenciones de la entidad en que las instituciones concedieron subvenciones de hasta el 75% de la renta durante el primer año a las familias que lo precisaban.

En la Comunidad de Madrid, una de las más caras del Estado en materia de vivienda, viven unos 200.000 inmigrantes, el 85% de países extracomunitarios. Eso supone que cuatro de cada cien ciudadanos madrileños son de origen extranjero.