Derechos Humanos apoya a la Iglesia católica y pide también al Gobierno un cambio de política migratoria

,La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ratificó ayer, punto por punto, el duro comunicado que la Iglesia católica hizo público el viernes en contra de la política migratoria del Gobierno central, del Partido Popular. El presidente de esta asociación humanitaria, Rafael Lara, dijo que la denuncia eclesiástica es "un ejemplo más del fracaso" del PP en asuntos de inmigración y anunció que Derechos Humanos creará una plataforma de solidaridad con los inmigrantes y contraria a la reforma de la Ley de Extranjería.El Obispado de Cádiz y Ceuta acusó al Ejecutivo de "permitir y fomentar" una inmigración "clandestina y marginal" y de incurrir en una "grave irresponsabilidad política" ante la "nula" asistencia sanitaria que recibe este colectivo. También criticó la desatención que sufren las mujeres embarazadas y los bebés, así como que el Gobierno no emprenda investigaciones "serias" para acabar con las mafias.

Rafael Lara puso ayer el acento en la necesidad de que el Ministerio del Interior afronte un "cambio radical" en su protocolo administrativo de atención a los inmigrantes. "No sólo fomenta una inmigración marginal, sino que favorece que las mafias existan", denunció Lara, quien detalló que Derechos Humanos ha iniciado una campaña, mediante la que enviarán más de 100.000 postales desde toda España al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

Por otra parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, eludió pronunciarse sobre la denuncia de la Diócesis de Cádiz. "El PP respeta las opiniones de la Iglesia", dijo escuetamente. A renglón seguido, el dirigente popular instó a la Junta de Andalucía a que apruebe, de manera urgente, un Plan Integral de Atención a la Inmigración en Andalucía.

Según Sanz, esta actuación debiera abordar la asistencia a los inmigrantes en todas aquellas competencias que tiene asumidas la Junta de Andalucía, como la educación, la sanidad, los servicios sociales y la vivienda. "Es un asunto muy sensible que no requiere de actuaciones que se adopten con ligereza", explicó Antonio Sanz, quien pidió al Gobierno andaluz que "se sacuda la demagogia que caracteriza su actitud ante este problema".