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Editorial:

Dictador estafador

El que fuera durante 32 años implacable presidente de Indonesia, Suharto, deberá comparecer el próximo 31 de agosto ante un tribunal de Yakarta para defenderse de acusaciones de corrupción por valor de unos 570 millones de dólares. Hay pocos observadores que dudan de que malversó mucho más en beneficio propio durante más de tres décadas de poder absoluto. Pero la acusación considera que para evitar resquicios legales es mejor limitar la acusación contra este viejo dinosaurio de la generación de dictaduras asiáticas que cayó bajo la presión violenta popular hace dos años. Estafar 570 millones a siete organizaciones caritativas no parece la peor acusación imaginable contra un hombre que tiene responsabilidad directa o indirecta sobre la muerte de miles de vidas desde 1966.Suharto será juzgado, y eso es una buena noticia para sus víctimas y también para los vacilantes intentos de establecer un Estado de Derecho que se desarrollan en Indonesia como en otros rincones de Asia. Pero no lo son algunas de las disonancias que surgen en torno al juicio. Cierto es que una acusación masiva contra el ex presidente por todo lo que presuntamente ha robado podría llevar al juicio a la extenuación y posteriormente a la invalidez. Pero también es cierto que produce desasosiego el hecho de que Suharto sea juzgado exclusivamente por unos hechos que con algo de sarcasmo podríamos considerar "menores"en relación con lo sucedido bajo su régimen.

Y es aún más inquietante que el presidente actual, Abdurraman Wahid, diga que Suharto quedaría libre si devolviera el dinero de cuya malversación se le acusa. Suharto puede devolver, quizá, algún dinero, pero nunca las vidas que arrebató a quienes se oponían a él, ni podrá compensar los sufrimientos que ha infligido a la sociedad indonesia. Suharto, dicen sus abogados, está excesivamente enfermo para ser juzgado y, sobre todo, para ser encarcelado. Puede ser cierto. Pero, como ha demostrado el caso de Pinochet en el último año, hay veces en que la compasión por ancianos que esgrimen su edad como argumento para hacer olvidar sus repugnantes biografías constituye un agravio adicional para sus víctimas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de agosto de 2000