Los alcaldes del Campo de Gibraltar se quejan del silencio oficial sobre el submarino nuclear

El Campo de Gibraltar se siente abandonado a su suerte por el Gobierno central con respecto a la reparación del submarino nuclear británico atracado desde hace más de tres meses en el puerto del Peñón. Los alcaldes de La Línea y Algeciras aseguran que el Ejecutivo central no se ha puesto en contacto con ellos para explicarles la situación y lamentan la escasa capacidad de maniobra de las autoridades españolas, que van a remolque de las versiones británicas y no han previsto medidas de emergencia para las cerca de 250.000 personas a las que podría afectar un hipotético accidente.

Información fallida

Desde la oficina del ministro Portavoz en el palacio de La Moncloa se aseguraba ayer que el Gobierno español "está informado puntualmente" de todo lo referente al escape en el sistema de refrigeración del reactor nuclear del Tireless, que se averío el 12 de mayo cerca de Sicilia y que lleva atracado en Gibraltar desde una semana después.El Gobierno asegura que el contacto diplomático es continuo y que asume las explicaciones del Ejecutivo británico, que considera más seguro reparar el submarino en la colonia que traslarlo hasta el Reino Unido.

En los municipios del Campo de Gibraltar se ven las cosas de muy distinta manera: se lamenta que en ningún momento haya habido contactos oficiales para conocer qué es lo que está pasando con el sumergible nuclear y a qué riesgos podrían llegar a enfrentarse. "Los únicos que nos han dicho algo son los del Consejo de Seguridad Nuclear y porque se lo pedí yo", afirma rotundo el alcalde Algeciras, Patricio González, del Partido Andalucista. El CSN y las unidades especializadas de la Armada han medido el nivel de radioactividad en el agua y aseguran que no hay contaminación.

Pero estos datos positivos sobre el mar no calman a los habitantes de la zona, ya que los trabajos de reparación del escape se producirían muy cerca del reactor nuclear y cualquier accidente podría liberar radiactividad a la atmósfera y, en una zona tan azotada por los vientos, cientos de miles de personas podrían verse afectadas.

Las autoridades locales, sin noticias del Gobierno, están estudiando la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales europeos. El alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, del GIL, ha remitido un carta al primer ministro británico, Tony Blair, pidiéndole que traslade al Tireless a una de sus bases especializadas, en Devonport o Faslane.

El Gobierno insistía ayer en la fluidez del contacto con los británicos, pero esta información a veces ha brillado por su ausencia, como cuando el ministro Portavoz, Pío Cabanillas, aseguró el 11 de julio que la reparación del submarino se estaba efectuando "con toda normalidad". Más de dos meses después, aún no ha comenzado.En el Campo de Gibraltar este tipo de situaciones producen una mezcla de escalofrío e irritación, pues contrasta la actitud decidida del Gobierno gibraltareño. Peter Caruana consiguió el pasado viernes paralizar la reparación, que estaba previsto que comenzara el lunes, y ha forzado una serie de reuniones en Londres, donde el Ministerio de Defensa británico ofrecerá información a una terna de expertos independientes seleccionada por el Ejecutivo gibraltareño.

Dichos expertos elaborarán un informe sobre las garantías de seguridad que ofrece la reparación del submarino en las instalaciones del Peñón. Se calcula que la reparación durará cerca de dos meses y que en la misma intervendrán unos 60 expertos.

España va a remolque en esto también y desde Moncloa aseguraban ayer que están esperando el fin de estas negociaciones entre la colonia y su metrópoli -que deben reanudarse hoy tras la primera reunión del lunes- para tener acceso al informe de seguridad británico.

Los alcaldes de Algeciras y La Línea se preguntan cómo una comunidad tan pequeña como Gibraltar, con sólo 30.000 habitantes, puede parar la maquinaria del Ministerio de Defensa británico; mientras que las autoridades españolas se limitan a dar por buena la versión británica, ignorando incluso cuándo se iniciarán las reparaciones, y mantiene en ayunas de cualquier información a la población española, formada por un cuarto de millón de personas.

La inquietud entre la población ha ido aumentando a medida que se prolongaba la presencia del sumergible. Cuando llegó el submarino, el pasado 19 de mayo, el Gobierno dijo que sólo permanecería a en Gibraltar el tiempo indispensable para su traslado al Reino Unido.

El pasado 13 de julio, unas 3.000 personas se manifestaron a ambos lados de la verja para exigir su salida de la colonia.

El Gobierno reconoce que no han existido contactos con las autoridades locales y que tampoco hay un plan de emergencia específico para el caso de que se produzca un accidente.

Ayer mismo, el diputado socialista por Cádiz Salvador de la Encina anunció que, en la primera sesión de control en el Congreso, el próximo 13 de septiembre, pedirá explicaciones al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, o al propio presidente José María Aznar, ya que a su juicio se ha producido una "dejación de funciones" por parte del Gobierno en este asunto.