El Gobierno pide una norma más rigurosa sobre acampadas

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El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Miguel Osuna, informó ayer de que la Administración central solicitará a la Junta de Andalucía la modificación de la actual normativa andaluza sobre acampadas. El objetivo es endurecer las medidas contra los asentamientos ilegales en zonas protegidas. Osuna pretende que los agentes tengan un mayor respaldo legal para acabar con las acampadas ilegales, práctica que se ha extendido sin control, de forma especial, en cinco puntos del litoral andaluz: Punta Umbría y Matalascañas (Huelva), Cabo de Gata (Almería), y Tarifa y los Caños de Meca en Barbate (Cádiz). En esta última zona, la Guardia Civil ha formulado 617 denuncias este mes.

El Gobierno reclama que la normativa permita requisar las tiendas de campaña y los enseres a los campistas que sean denunciados en reiteradas ocasiones por acampar en zonas prohibidas. Con esta actuación, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz quiere elevar la eficacia de los controles y redadas que se han efectuado este verano en las zonas referidas. Según Osuna, así se acabaría con la práctica de aquellas personas que, tras ser denunciadas, esperan a que se marchen los efectivos policiales para volver a instalar sus tiendas.

Otra de las peticiones que planteó Miguel Osuna va dirigida al colectivo judicial. El representante del Gobierno anunció que en breve se reunirá con los jueces gaditanos, a los que pedirá una mayor flexibilidad en la interpretación de la ley que cataloga a las tiendas de campaña como domicilios o viviendas particulares, lo que limita las inspecciones que efectúen los efectivos policiales, salvo autorización judicial, al exterior de los campamentos.Osuna informó de que, en los controles efectuados los dos últimos semanas en la franja costera de Barbate, entre los Caños de Meca y la playa de El Palmar, la Guardia Civil y la Policía Local practicaron un total de 1.000 identificaciones a personas que acamparon ilegalmente en 298 tiendas. Las 617 denuncias se completan con 181 actas por tenencia de drogas o posesión de armas blancas, fundamentalmente navajas, y con 128 sanciones por violaciones de algunos preceptos de la Ley de Costas, como aparcar en zonas protegidas o circular con sus vehículos por las playas.

El alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jesús, informó ayer de la creación de una comisión municipal, integrada por el gobierno local y por asociaciones de vecinos y de empresarios de los Caños de Meca y Zahora, con la idea de analizar las repercusiones negativas de las acampadas ilegales.