La policía cree que el barco de Pasaia participó en una operación de tráfico humano

Sin asistencia letrada

Todas las investigaciones practicadas hasta el momento por la policía apuntan a que el Unity XI, el mercante del que saltaron al mar el pasado miércoles 45 inmigrantes cerca del puerto de Pasaia (Guipúzcoa), fue utilizado en una "operación de tráfico ilícito de magrebíes". Fuentes policiales confirmaron ayer este extremo a la agencia Efe y aseguraron tener "la práctica certeza" de que se cometió un delito.El capitán del carguero, el ucranio Mykhailo Zholnyrenko, y sus cuatro oficiales, ucranios y rusos, fueron detenidos de inmediato por un presunto delito de introducción ilegal de ciudadanos extranjeros en España y declararon en la comisaría de San Sebastián durante más de 24 horas. El juzgado que investiga el caso dejó ayer en libertad vigilada al capitán y requisó su documentación, así como la de los cuatro oficiales.

La juez encargada de la causa decretó estas medidas ayer tarde, tras tomar declaración a los cinco implicados y realizar una nueva inspección del carguero, en la que también participaron el fiscal de Menores (ocho de los polizones tienen menos de 18 años), un secretario judicial y agentes del Cuerpo Nacional de Policía. El mercante continuaba ayer anclado en el puerto con 1.200 kilos de chatarra en su interior.

El pasado miércoles, los 45 inmigrantes marroquíes y argelinos -uno más se quedó en el carguero- saltaron por la borda cuando el mercante se encontraba a una milla de Pasaia. Los sin papeles, que permanecieron dos días en el gimnasio del puerto asistidos por personal de la Cruz Roja, aseguraron que se produjo una pelea con la tripulación que les hizo abandonar el barco de inmediato. Los 38 inmigrantes mayores de edad fueron expulsados el pasado viernes a Marruecos, ya que el barco había partido de Casablanca. Los menores fueron trasladados a un centro dependiente de la Diputación de Guipúzcoa en Irún.La repatriación de los inmigrantes se produjo en medio de una intensa polémica. El Colegio de Abogados de Guipúzcoa y la asociación SOS Racismo han interpuesto sendas denuncias contra la Subdelegación del Gobierno en esa provincia por no ofrecer asistencia letrada a los inmigrantes. Este hecho también ha sido criticado por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y la oficina del Ararteko (el Defensor del Pueblo vasco), mientras la Subdelegación aduce que no estaba obligada a facilitar esa asistencia letrada a los polizones.