El consulado español en Miami dejó sin protección jurídica a Joaquín Martínez

El Consulado General de España en Miami no prestó la debida atención a Joaquín José Martínez, el español acusado de un doble asesinato en Tampa durante el año 1996, cuando fue juzgado y condenado a muerte, según testimonios de los familiares de Martínez y documentos escritos del propio acusado en los que pedía protección consular que tardaron meses en ser remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.Joaquín José Martínez fue detenido en enero de 1996 acusado del asesinato de su ex socio, Douglas R. Lawson, y de la novia de éste, Sherrie McCoy Ward, cargos por los que el fiscal solicitó la pena de muerte. Seis meses más tarde, Martínez envió un carta al consulado. En su escrito, el preso insiste reiteradamente en la petición de ayuda y advierte de que las acusaciones que pesan en su contra pueden conllevar la condena a muerte o tres cadenas perpetuas consecutivas. "No creo que nadie pueda comprender lo que es estar aquí en mi situación", se lamenta. " Si hay algo que ustedes puedan hacer por mí lo apreciaría de verdad". Después Martínez pide información sobre su caso al consulado.

Según la Oficina de Información Diplomática (OID), la protección consular que los representantes diplomáticos deben prestar a los ciudadanos españoles detenidos en el extranjero incluye la información al interesado sobre su situación y la colaboración en la medida en que el detenido lo desee. Sin embargo, Joaquín José no recibió ayuda y ni siquiera fue visitado en la prisión donde se encontraba recluido por el entonces cónsul general en Miami, Carlos Abella, actual embajador ante la Santa Sede. Abella declaró a este periódico no haber tenido noticia del caso y aseguró que, de haberlo conocido, habría actuado igual que en otros casos, en los que se hicieron visitas a los detenidos y se prestó la asistencia legal necesaria. "Nunca supe ni de esa carta ni de ese señor", aseguró Abella.

Pero los familiares del condenado aseguran que conocía el caso. "Si hubiéramos tenido asistencia legal consular al principio, cuando fue acusado, seguro que mi hijo no estaba donde está. Pero Abella no movió un dedo", aseguró el viernes Joaquín Martínez padre. "Abella nunca nos atendió en su despacho, sólo de pasada, un minuto y en la puerta, nos daba la mano y decía que estaba muy ocupado, pero no nos decía 'vuelvan ustedes en tal o cual fecha, que les atiendo'. En una ocasión que le rogamos que hablara con nosotros nos dijo que se tenía que ir a la jura de bandera de los españoles que había en Miami y a la fiesta que había después".

La misiva de Martínez, un manuscrito redactado en inglés del 7 de junio de 1996, fue recibida en el consulado el 13 del mismo mes. En el texto, Joaquín informa de que el día 17, es decir, cuatro días después de la recepción de la carta, va a tener lugar una trascendental vista en el que el tribunal debe decidir si acepta o no como prueba la transcripción de una grabación en la que, según la fiscalía, el joven español se confesaba autor del doble asesinato. Ningún representante diplomático español acudió a la vista. La condena a muerte se basó fundamentalmente en dicha transcripción, que hace dos semanas el Tribunal Supremo de Florida consideró inaceptable.

Meses antes, los Martínez desconfiaron del abogado que ellos mismos tuvieron que contratar apresuradamente, Thomas Fox, y acudieron al consulado para pedir que les proporcionasen otro letrado. La respuesta fue rotunda: "Nos dijeron que el consulado no podía hacer eso porque sentaría un precedente y todos los españoles con problemas les irían a pedir ayuda", afirmó Sara Pérez, madre de Joaquín. Fuentes diplomáticas han confirmado que los padres acudieron al consulado en el verano de 1996 "para ver cómo se les podía ayudar porque, decían, Fox no era bueno. Ellos dudaban de su capacidad, pero el cónsul honorario en Tampa informó al consulado en Miami que Fox era buen abogado y que no veía irregularidades en el caso".

En enero de 1997, Abella dejó el Consulado General en Miami para ocupar su nuevo destino como embajador ante la Santa Sede. Para entonces, en la Dirección General de Asuntos Consulares no se tenía constancia del caso.

Fuentes diplomáticas aseguran que existe una circular del Ministerio de Asuntos Exteriores por la que se obliga a informar en menos de 48 horas, a partir del momento en que el consulado tenga noticia, de la detención de un español en el extranjero, pero las cartas de Martínez llegaron a Exteriores en el primer trimestre de 1997, más de un año después de la detención del acusado y poco antes de que el juez Padgett condenara a José Joaquín Martínez a morir en la silla eléctrica.