LAS CASAS DE DISCOS, A JUICIO POR PACTAR PRECIOS

Las cinco compañías discográficas más grandes del mundo tendrán que comparecer ante la justicia. En una demanda interpuesta ayer ante un tribunal de Nueva York, 28 Estados les acusan de fijar precios mínimos para los discos compactos, y les reclaman cientos de millones de dólares en compensación por daños y perjuicios. Las cinco compañías implicadas son Warner Brothers, Sony Music Entertainment, Universal Music Group, BMG y EMI.La demanda se centra en la política del precio mínimo anunciado, conocida por sus siglas en inglés, MAP (minimum advertising pricing). Consiste en la práctica de las grandes compañías de subvencionar la publicidad a los minoristas que acuerden no vender discos compactos por debajo de un precio mínimo establecido por la discográfica.

El procurador general del Estado de Nueva York, Eliot Spitzer, manifestó que "esta práctica ilegal no ha sonado como música a los oídos del público. A causa de estas conspiraciones, decenas de millones de consumidores pagaron precios inflados para adquirir sus discos".

La demanda alega que la política MAP incrementa el precio de los discos en violación de las leyes antitrust estadounidenses, mantiene los precios artificialmente inflados, y penaliza a los minoristas que no participan en el juego. Además de las compañías discográficas, también figuran entre las demandadas tres poderosas empresas vendedoras MusicLand Stores, Tower Records y Trans World Entertainment.

En cuanto al valor de los daños provocados por esa práctica, Spitzer declaró que los Estados todavía están haciendo cálculos. Pero aseguró que se está hablando de "cientos de millones de dólares", o de "varios dólares por disco".

Las compañías llegaron a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio en mayo, por el que se comprometían a prohibir la política BAN durante siete años. El acuerdo, no obstante, no incluía el pago de ninguna cantidad en concepto de daños por las compañías, ni un reconocimiento de culpa por parte de éstas. Dicha comisión, según Spitzer, estimó en su día los daños causados al consumidor por esta práctica en 480 millones de dólares (cerca de 82.000 millones de pesetas).

La política MAP empezó a utilizarse en febrero de 1995. En aquella época, los grandes almacenes comenzaron a vender discos compactos por debajo del coste, para atraer a la gente a sus establecimientos. Por eso, las compañías alegan que pusieron en práctica la política MAP para ayudar a los pequeños establecimientos que no podían competir con las grandes cadenas de tiendas, pues no pueden permitirse vender determinados productos por debajo del precio de coste. Al mismo tiempo, las compañías acusadas aseguran que no han ganado dinero con esa práctica. Algunos ejecutivos de la industria sostienen, además, que los precios de los discos compactos han subido desde el acuerdo con la Comisión Federal de Comercio en mayo.