Policías y juristas ven casi imposible expulsar a los inmigrantes no regularizados

Los juristas de organizaciones como SOS Racismo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) no creen factible ni viable que el Ministerio del Interior pueda expulsar a los miles de inmigrantes a quienes el Gobierno prevé echar del país por no cumplir los requisitos exigidos en el proceso de regularización. Incluso expertos policiales en inmigración consultados por este periódico no lo consideran posible. El propio secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, asume la casi imposibilidad de hacer cumplir la ley.

25.000 rechazados

"Muchos de los traslados que se han efectuado en los dos últimos años", señala el secretario del SUP, "lo han hecho miembros de la Unidad de Intervención Policial [conocidos antiguamente como antidisturbios], porque no daban abasto los compañeros de Extranjería", señala Sánchez Fornet.En 1998 fueron expulsados 3.699 inmigrantes. El año pasado, hasta el 30 de noviembre de 1999, las expulsiones ascendieron a 4.839. Los agentes con más experiencia creen que el flujo de extranjeros que se quedan sin permiso de residencia continuará su escalada al margen de cualquier reforma de la Ley de Extranjería. Para cumplir la ley habría que expulsar, pues, a los 5.000 de cada año más a todos los que están aflorando con el proceso de regularización. Pero, ¿cuántos van a aflorar?

El número de extranjeros que ha pedido el permiso de residencia asciende a 225.000. Hasta ahora se han concedido 85.526 (el 84% de las tramitadas) y se han denegado 12.710. Fuentes de Interior señalan que si se mantienen esos porcentajes, dentro de tres meses habrá unas 25.000 solicitudes denegadas y no 50.000, tal como se había venido barajando hasta ahora. Aun así, las fuentes jurídicas y policiales consultadas insisten en que sería bastante improbable que se lograra expulsar a 25.000 extranjeros. "Además", señala el líder del SUP, "sería algo extremadamente caro. Expulsar a un chino, por ejemplo, cuesta un millón de pesetas. Se requiere la presencia de dos funcionarios que lo acompañen en el viaje hasta su país de origen".

"Pero si se trata de hacer cumplir la ley", añade Sánchez Fornet, "nosotros haremos todo lo posible por hacerla cumplir. Si nos lo ordenan, llenaremos todos los centros de internamiento con inmigrantes detenidos, y si después hay que soltarlos y volverlos a detener, pues intentaremos hacerlo. Hay que tener en cuenta que entre el 30% o el 40% de los robos en vivienda lo cometen los peruanos y colombianos. Y el año pasado, el 30% de los crímenes cometidos en España lo perpetraron extranjeros. Porque algunos delincuentes sean inmigrantes no tienen patente de corso para delinquir".

Interior señala que no dedicará agentes especiales que vayan a la caza y captura del "ilegal". El método, según indicó un portavoz del ministerio, será el que se ha venido usando hasta ahora: si en controles policiales aleatorios o ante la intervención en cualquier delito se requiere la documentación de algún extranjero, y al introducir su nombre en los ordenadores se comprueba que no posee el permiso de residencia, se le expulsará.

El plazo medio desde que se abre el expediente de expulsión hasta que se ejecuta es de cuatro meses. "Y nada hace pensar que con la reforma de la ley vaya a cambiar ese plazo", señala José Antonio Moreno, letrado de SOS Racismo.

El proceso de expulsión comienza con la incoación del expediente, continúa con el plazo para alegaciones (ocho días), y después un policía tiene que instruir el expediente. Se conceden entonces otros 15 días de plazo para alegar. Y el informe del policía más las alegaciones del extranjero pasan a la delegación o subdelegación del Gobierno. Entonces, se firma el decreto de expulsión.

"A partir de ahí, hay que detenerlo, hay que cogerlo", señala el abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Francisco Ortiz, quien cree que con la reforma aprobada el pasado viernes se volverán a ver las mismas escenas que se daban con la ley de 1985, vigente hasta el pasado enero: "Policías pidiéndoles los papeles a los asiáticos y africanos cada vez que veían un grupo de ellos. Es una política de control policial más que de integración", concluye.