El fiscal investiga cómo un constructor logró en sólo cinco días una "licencia ilegal de obras"

El fiscal de Urbanismo, Medio Ambiente y Consumo de Madrid, Emilio Valerio, investiga si el teniente de alcalde de Aranjuez, Miguel Ángel Gálvez, del Partido Popular, favoreció a un constructor al otorgarle, en sólo cinco días, una licencia de obras supuestamente ilegal para construir 32 viviendas en la finca Granja los Faisanes, parcela en la que el planeamiento urbanístico de esta ciudad sólo permite levantar un máximo de 16 viviendas. Gálvez, que firmó la licencia en pleno agosto del año pasado, cuando actuaba de alcalde en funciones, señaló ayer que se limitó a dar el visto bueno al informe favorable al proyecto de obras que le elevó el aparejador municipal.

"Infracción grave"

La investigación penal que desarrolla el fiscal Valerio por supuesta prevaricación es fruto de una denuncia presentada a finales del pasado mayo por dos concejales del PSOE de Aranjuez (40.000 habitantes). Según la denuncia de estos ediles -Jesús Miguel Dionisio Ballesteros y José Luis Moreno Tristán-, Gálvez acudió a la figura del decreto de alcaldía para conceder, el 10 de agosto de 1999, una licencia de obras "ilegal" a un constructor que la había solicitado el 5 de agosto, sólo cinco días antes. En esa fecha, el alcalde de Aranjuez, José María Cepeda, estaba de vacaciones y Gálvez, actual edil de Hacienda, le sustituía en sus funciones.La concesión de una licencia de obras está sujeta a un proceso reglado -entrega de la solicitud en el registro municipal, remisión al área de Urbanismo, estudio de la misma, aprobación por el pleno...- que excepcionalmente puede tardar menos de uno o dos meses, según calculan expertos en Urbanismo. El PSOE sostiene "que es absolutamente insólita" la celeridad con que se otorgó la licencia.

Tras la polémica surgida por la rápida concesión de esta licencia, el alcalde, al volver de las vacaciones, paralizó las obras y elevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia para que determinase si es o no legal. Aún no ha habido fallo judicial.

El secretario del Ayuntamiento de Aranjuez ya ha advertido de que la licencia es, en su opinión, ilegal. "Según los informes emitidos", señala, "la ordenanza [sobre esa zona, denominada Ciudad Jardín], de obligada aplicación, ha sido defraudada por una licencia que permite una disposición volumétrica similar a la ordenanza de residencia unifamiliar, es decir, viviendas adosadas en hilera". El secretario advierte de que incumplir las normas urbanísticas es "una infracción grave". Cepeda, según el PSOE, elevó el asunto a los tribunales, pero no adoptó medidas contra Gálvez. "El teniente de alcalde se limitó a firmar el informe favorable del aparejador municipal", precisó el regidor, informa Mercedes Santos. Cepeda recordó hace tan sólo unos días que fue él mismo quien suspendió las obras y las elevó a los tribunales. Y avanzó que si éstos decretan que la licencia es ilegal, se abrirá una investigación para aclarar lo ocurrido.

Los dos concejales socialistas denunciantes se muestran sorprendidos en su denuncia no sólo por la celeridad de Gálvez al otorgar "una licencia ilegal", sino también por la rapidez con que el aparejador municipal hizo el informe. El aparejador materializó el informe, a juzgar por la fecha de la solicitud, en apenas tres días. Y, según ambos ediles, se trata de un informe "arbitrario, absolutamente inverosímil e incoherente". Los dos concejales han aportado el siguiente dato al fiscal: "El arquitecto de la promotora está casado con la concejal del Ayuntamiento de Aranjuez Sonia Casado".

Los socialistas lamentan en su denuncia los intentos del alcalde, tras volver de sus vacaciones el año pasado, por retrasar la convocaroria de un pleno para explicar el asunto. El concejal Ballesteros asegura en la denuncia que "la jefa de los servicios técnicos" le ha transmitido verbalmente, "en el ejercicio de sus funciones, que la licencia, para nada se ajusta a la legalidad". Los ediles se quejan también de que el alcalde y un hermano suyo, que también es concejal, pretenden legalizar ahora la situación de las 32 viviendas mediante una modificación puntual del planeamiento urbanístico. Esta modificación establece incrementar los espacios verdes de la zona en 280 metros cuadrados. El fiscal Valerio tiene previsto citar a los implicados, incluido el alcalde, para interrogarles.