Un juez anula la contratación de un militante del PSOE como alto cargo de la Diputación de Cádiz

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz ha anulado el proceso de contratación de un técnico superior en la Diputación de Cádiz que fue adjudicado a un militante del PSOE de la capital gaditana, como denunció hace un año ante los tribunales la sección sindical de CC OO en esta institución. La sentencia determina que la contratación no se ajusta a derecho e infringe el artículo de Régimen Interno que delimita al pleno de la Diputación la aprobación de nuevos puestos laborales en la plantilla de la corporación provincial.

Irregularidades

El presidente de la institución, Rafael Román, del PSOE, informó ayer de que el organismo ha recurrido la sentencia y denunció la existencia de "intereses políticos" detrás de la publicidad de esta sentencia, aunque no aclaró cuáles. La resolución judicial se refiere a José Antonio Iglesias, quien fue nombrado director de la Unidad de Promoción y Desarrollo del Foro Industrial y Marítimo del Sur (FOROSUR). La justicia considera que su contratación fue "oscura" y procede la anulación total de la convocatoria y del nombramiento.

Los servicios jurídicos de la Diputación han recurrido esta sentencia porque consideran que el proceso de contratación, al que concurrió Iglesias como único candidato, no vulneró ningún precepto legal. "Hemos recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque, independientemente de las inexactitudes, creemos que está bien hecha la contratación", explicó Rafael Román. En su opinión, la sentencia, dictada el pasado 19 de mayo, se conoce ahora "por intereses políticos". "Yo siempre me he ajustado a la legalidad", defendió Román, al tiempo que recordó que la persona contratada trabajaba en la Diputación con anterioridad a su llegada a la presidencia. "Entendemos que se ajusta a derecho el que una persona con un contrato laboral pueda desempeñar un cometido de esta naturaleza", comentó.

Fuentes de la sección sindical de CC OO, que se ha caracterizado en los últimos años por denunciar irregularidades laborales permanentemente, expresaron su satisfacción por esta sentencia porque "hace justicia a favor de la igualdad de derechos y oportunidades de los trabajadores". Al mismo tiempo, exigieron al presidente de la Diputación el inmediato cumplimiento de la sentencia. De no ser así, advirtieron de que acudirán de nuevo a la justicia y solicitarán la inhabilitación de Román por un delito de prevaricación (tomar resoluciones injustas a sabiendas). "No tenemos nada en contra ni del presidente ni del técnico contratado, sólo queremos que se cumple la ley", se explicó desde CC OO.Esta sentencia suscitó las reacciones del PP, cuyos dirigentes han denunciado en repetidas ocasiones que el presidente de la Diputación gobierna a golpe de decreto y ha convertido esta institución en una "república bananera donde hace y deshace a su gusto". La presidenta del PP andaluz y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, no profundizó sobre este asunto en cuestión, aunque si cuestionó el proceder habitual en la Diputación. "Son sentencias que indican que, a la hora de hacer contrataciones, las instituciones públicas tenemos que estar muy atentas a las indicaciones o propuestas de los funcionarios públicos que son los que tienen la obligación de informar a los políticos de las condiciones de los contratos para no incurrir en un defecto que luego tenga que echarse atrás. En este caso parece que no se han seguido estos pasos", declaró Martínez.