El Consell anuncia su postura sobre la fusión de Bancaixa y la CAM

El Consell hará pública hoy, por boca de su consejero de Economía, Vicente Rambla, su apuesta por la fusión de las dos grandes cajas de ahorro valencianas, una operación que, según apuntan todos los indicios, se iniciará en otoño. Está pendiente el respaldo formal de los consejos de administración de estas entidades financieras a la operación y las negociaciones entre los partidos políticos hasta alcanzar el acuerdo de dos tercios de las respectivas asambleas. La gran incógnita es el futuro de las cajas de Ontinyent y Carlet.

La creación de una gran caja de ahorros ha estado en boca de todos los gobiernos de la Generalitat desde hace una década.Los primeros en intentarlo fueron los socialistas cuando ocuparon el Gobierno de la Generalitat. No fue posible o no convino entonces. También el PP convirtió esta operación en un objetivo tras su victoria electoral en 1995, pero consumió la primera legislatura en reformar una ley de cajas que le diera la mayoría en los órganos de gobierno. Ésta parece entonces la legislatura de la fusión, una operación para la cual el PP necesita el concurso de los socialistas dado que los populares carecen de los dos tercios de votos necesarios para aprobar la operación en solitario a pesar de su mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, dio hace unas semanas el pistoletazo de salida a la operación, al anunciar que su Gobierno tomaría partido antes de las vacaciones de agosto. Hoy, el gestor económico del Consell, Vicente Rambla, expondrá su parecer.

La operación se inició dos meses atrás, cuando Rambla encargó a las dos cajas un avance sobre sus respectivos estudios de fusión. La entrega de esta información al Gobierno, hace unos días, reveló las diferencias entre los dos estudios. Los dos parten de parecidos análisis: la reducción de los márgenes de intermediación en los próximos cinco años y la necesidad de ganar en tamaño para rebajar los costes y ser más competitivos. Mientras el estudio de la CAM, encargado a la consultora Boston Consulting, apostaba por alcanzar este objetivo mediante alianzas con otras entidades de crédito españolas o con la compra de bancos; Bancaixa, con un informe de Arthur Andersen, se pronunciaba inequívocamente por la fusión.

Los cálculos de uno y otro estudio arrojaban grandes diferencias. La caja alicantina evalúa un excedente de 1.400 empleos y 190 sucursales, lo que elevaría el coste de la fusión a 400.000 millones de pesetas. Bancaixa rebaja a 1.000 los empleos afectados, a 150 las sucursales excedentes y a 100.000 millones de pesetas el coste de la operación.

Fuentes oficiales atribuyeron entonces esta disparidad de cálculos a la radicalización de posturas de las dos cajas. Alicante recela de la fusión con la caja valenciana al considerarla una amenaza a su identidad y a la autonomía de los equipos directivos. Valencia está, por el contrario, dispuesta a una fusión sin más dilaciones.

La filtración a los medios de comunicación de algunos detalles de estos contactos ocasionó un auténtico revuelo en el mundo político, sindical y financiero. En Alicante, la mayoría de sindicatos de la CAM, así como dirigentes del PSPV, se pronunciaron contra la operación y acusaron al presidente de la Generalitat de "mangonear" en las cajas. Fuentes de la Generalitat responsabilizaron, aunque sin citarlo, de la indiscreción al director general de la CAM, Juan Antonio Gisbert, quien reclama para Alicante la sede social y exige el liderazgo directivo en la fusión. En la sede de Bancaixa se guarda silencio.

Con la fusión de Bancaixa y la CAM, que ocupan el cuarto y quinto puesto en el ránking español, la entidad resultante sería la tercera del país.