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Detenidas siete personas por traficar con inmigrantes ilegales

Tramitaban a ciudadanos ecuatorianos empleos falsos en España

La policía de Barcelona detuvo ayer a siete personas como presuntos integrantes de un grupo dedicado al tráfico ilegal de inmigrantes ecuatorianos. El grupo tramitaba ofertas falsas de trabajo a los inmigrantes en España para conseguir su regularización, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Los detenidos, cuatro ecuatorianos, dos españoles y una marroquí, han pasado a disposición judicial.

Secuestro de marroquíes

Los siete detenidos formaban un grupo organizado, con funciones específicas para cada uno de sus miembros. Los cabecillas, Francisco C.G, español de 34 años, y Wifredo M.Z, ecuatoriano de 31, se dedicaban a captar a los inmigrantes, en su mayoría ecuatorianos, en su país de origen, pero también entre los integrantes de la colonia de este país en Barcelona que se encontraban en situación irregular. Después los alojaban en dos pisos de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que los inmigrantes estaban hacinados por decenas.Para tramitar las ofertas de empleo, el grupo utilizaba una empresa como tapadera, Edificaciones y proyectos Castí S.L. Este era el primer paso para que después los inmigrantes pudiesen solicitar permisos de trabajo y residencia en España, aprovechando la apertura del proceso de regularización, que finaliza el próximo lunes. El objetivo era que estas personas pudieran presentar el mayor número posible de solicitudes falsas en el plazo establecido. La empresa, domiciliada en Gavá (Barcelona), estaba inactiva y tenía una deuda de seis millones de pesetas con la Seguridad Social.

La Policía ha detectado al menos 220 expedientes falsos tramitados por los detenidos. El Grupo de Investigación de Extranjería y Documentación de la Policía, unidad especializada en detectar a bandas que se dedican al tráfico ilegal de personas, está rastreando en la Oficina Única de Extranjeros porque considera que el número de expedientes podría ser mayor.

Sólo por la tramitación de las solicitudes de trabajo, el grupo cobraba 50.000 pesetas a las víctimas. A esta cifra hay que añadir los servicios de recogida en el aeropuerto de El Prat de Llobregat (Barcelona) y el alojamiento.

Cuatro de los detenidos se dedicaban a presentar los papeles y a guardar turno en las colas que se forman en la Oficina Única de Extranjeros para tramitar la regularización de inmigrantes no comunitarios. Los encargados de realizar este trabajo eran, F.E.R, de 23 años y de nacionalidad española, el ecuatoriano D.M.H, de 30 años, y la ciudadana marroquí K.D., de 38. También se dedicaba a esta ocupación el ecuatoriano R.Q.C, de 32 años, que además se encargaba de recoger a los inmigrantes ecuatorianos en el aeropuerto de El Prat y los trasladaba hasta los pisos de Hospitalet de Llobregat.

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Esta es la segunda red de tráfico ilegal con inmigrantes que se desarticula en España en menos de diez días. El 21 de julio, Festus Etta, nigeriano de 36 años, fue detenido acusado de dirigir una organización clandestina que ha introducido en España a medio centenar de mujeres africanas, que eran obligadas a prostituirse para saldar los seis millones de pesetas que contraía cada una de ellas para poder entrar en el país.

La ley castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel y multa de seis a doce meses a los que trafiquen de manera ilegal con la mano de obra.

Por otra parte, la Guardia Civil detuvo ayer a cinco marroquíes, de edades entre 24 y 27 años, en El Ejido (Almería) acusados de secuestrar y extorsionar a un ciudadano de su país. La investigación se inició cuando un marroquí denunció a la Guardia Civil de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que su cuñado estaba retenido en El Ejido y que, para liberarle, sus secuestradores le pedían 200.000 pesetas. Si no pagaba, asesinarían al secuestrado. La Guardia Civil consiguió dar con el secuestrado y liberarlo utilizando el pago del rescate como gancho.Cuando ocurre un caso así, lo normal es que los familiares de los secuestrados paguen el rescate, que oscila entre 150.000 y 200.000 pesetas, según fuentes de la Guardia Civil.

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