Los acuerdos de Tampere y la tutela judicial efectiva

Los motivos de reforma de la Ley de Extranjería 4 / 2000 presentados en el anteproyecto de ley elaborado por el actual Gobierno aluden a "los compromisos asumidos por España" en el seno de la UE en los acuerdos de Tampere (Finlandia), en octubre de 1999. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Benigno Varela, también los invocó ayer al dar cuenta del informe sobre el anteproyecto, pero cuando se le preguntó si prevalecen sobre la tutela judicial efectiva, señaló que "el acuerdo de Tampere debe respetar" ese derecho fundamental.El informe definitivo del CGPJ (que se ha quedado en 49 folios, tres menos que en la versión aprobada por la comisión) recoge que las conclusiones de Tampere plantean el desarrollo de "políticas comunes en materia de asilo e inmigración, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de llevar un control coherente de las fronteras exteriores para acabar con la inmigración ilegal y luchar contra los que la organizan y cometen delitos internacionales conexos".

El informe del CGPJ señala que, "no obstante, cabe constatar, en aras al principio de seguridad jurídica", que debió esperarse a "comprobar los efectos del cambio normativo introducido por la ley 4/2000" respecto a la ley de 1985, y a que concluyera, "al menos, el proceso de regularización de extranjeros", desarrollado en virtud de la misma norma.