La promotora de las autopistas de peaje pedirá que el fiscal desbloquee las expropiaciones

Accesos de Madrid, SA, empresa concesionaria de la construcción y explotación de dos autopistas de peaje (R-3 y R-5), pedirá al fiscal del Tribunal de Expropiaciones que ocupe el puesto de los alcaldes de Arganda y Perales de Tajuña, que se niegan a firmar las actas de ocupación. Según manifestó ayer Gregorio Peláez, representante de Accesos de Madrid, el fiscal, ante la negativa de los alcaldes a rubricar las actas, se convertirá así en el garante de los derechos de los expropiados. "Esto sólo ocurrirá en dos de los 22 pueblos afectados", afirma.

Asesoramiento legal

El alcalde en funciones de Arganda, Félix Sevilla, y el de Perales, Antonio Montegrifo, se han negado a firmar las actas de ocupación de las fincas que han de ser expropiadas para que por ellas discurra la autopista de peaje R-3. Ambos argumentan que buena parte de los propietarios están en desacuerdo con el precio que se les ofrece: 420 pesetas por metro cuadrado. Por ello, y como representantes municipales, se niegan a rubricar las actas hasta que se llegue a un acuerdo. (Véase EL PAÍS de ayer). Gregorio Peláez, representante de Accesos de Madrid, explicó ayer que la ley permite a los promotores privados de las autopistas reclamar la presencia del fiscal para sustituir a los alcaldes en estos actos administrativos. "Los alcaldes no son, en este caso, representantes de los intereses económicos de los afectados, sino fedatarios de que se cumple la legalidad. Si rehúsan asistir al levantamiento de las actas, la ley permite que sea el fiscal en segunda convocatoria quien desarrolle este papel. Y así se hará, si los regidores insisten", avanzó.

Peláez, al que ambos alcaldes habían acusado de amenazarles con la aplicación del Código Penal, aseguró ayer que su intención no fue ésa. "Félix Sevilla me dijo que no firmaba porque sus vecinos estaban en contra de lo ofrecido. Le dije que, antes de tomar esa decisión, se asesorase. Acordamos que nuestro gabinete jurídico le enviaría una relación de artículos que, en nuestra opinión, podía vulnerar. Y eso fue todo. Nunca intenté amenazar a nadie y si así lo ha entendido pido mis excusas. Soy sumamente respetuoso con las personas que encarnan a las instituciones. Mi error fue que no le entregué en mano el informe a Sevilla porque no estaba en el Ayuntamiento, sino que se lo di a su asesor jurídico para que se lo explicase".Peláez niega también que Accesos de Madrid intente pagar a los propietarios 420 pesetas por metro cuadrado: "No ofrecemos una cantidad lineal, porque hay tierras que valen mucho más, porque son de regadío o tienen árboles, y otras que valen menos al ser cerros o eriales. Las ofertas varían en función del valor de los terrenos". Peláez aseguró que de los 120 abogados que han defendido a los afectados, sólo uno les ha aconsejado que no firmen. Bien es verdad que este letrado representa un millón y medio de metros cuadrados en Arganda, Perales, Moraleja y Navalcarnero, casi un 15% de todo lo expropiado. "Pero creemos que este abogado se equivoca. Porque donde hay que defender los derechos es ante el Jurado de Expropiaciones, no pidiendo a los alcaldes que no firmen", dice.