La estrategia del desistimiento

Precedido en tres días por la explosión de un coche-bomba -sin víctimas mortales- en pleno centro de Madrid, el asesinato del concejal del PP José María Martín Carpena, perpetrado en Málaga el sábado, fue seguido dieciesiete horas después por un nuevo atentado de ETA contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Ágreda. Pese a que las interpretaciones dadas a las motivaciones de los terroristas sean demasiadas veces una mera proyección racionalizadora de los comentaristas, no parece descabellado suponer que esa acumulación temporal de acciones criminales pretende extender la socialización del sufrimiento (como suelen decir impúdicamente los portavoces del nacionalismo radical) más allá de las fronteras del País Vasco y Navarra. La secuencia de tiros en la nuca y coches-bomba reiniciada tras año y medio sin asesinatos (pero con amenazas, extorsiones y atentados callejeros) alimenta la estrategia del desistimiento del nacionalismo radical; conscientes de la imposibilidad de obtener la inimaginable victoria militar con la que soñaron en su día, y sabedores también de que los electores nunca les darían la mayoría en las urnas, los dirigentes de ETA intentan desgastar con sus crímenes la voluntad de resistencia democrática de la sociedad española en general y de la sociedad vasca en particular para forzar una supuesta negociación que les entregase por las buenas lo que no lograron conquistar por las malas.El acuerdo secreto sellado con ETA por PNV y EA durante el verano de 1998 mostró la deslealtad hacia las instituciones democráticas de los dirigentes de los dos partidos que gobiernan hoy la comunidad autónoma, gracias a la legitimidad otorgada por el Estatuto de Gernika y dentro del marco constitucional. Los documentos publicados los días 29 y 30 de abril por el diario Gara reprodujeron literalmente los términos de la vergonzante capitulación del nacionalismo moderado ante el terrorismo. A cambio de un alto el fuego de cuatro meses prorrogables, PNV y EA se comprometieron a romper con las fuerzas políticas constitucionalistas y a luchar en pro de las reivindicaciones de ETA: la territorialidad de Euskal Herria (la unificación forzosa del País Vasco, Navarra y los territorios ultrapirenaicos vasco-franceses, abstracción hecha de la voluntad de sus habitantes) y su soberanía (la independencia de esa nueva entidad estatal). La consecuencia pública de ese compromiso secreto fue el Pacto de Estella, firmado por todos los nacionalistas, y el respaldo de EH -el brazo político de ETA- a la investidura de Ibarretxe.

La capitulación ante los terroristas fue presentada en su día por los dirigentes de los dos partidos que gobiernan la comunidad autónoma (con un presupuesto anual cercano a los 800.000 millones de pesetas y una policía de más de 7.000 miembros) como un heroico sacrificio en aras de la paz. Pero esa inconvincente coartada quedó desbaratada cuando ETA dio su explicación sobre los propósitos del acuerdo secreto: la tregua fue sólo una trampa para fortalecer la infraestructura de la organización, comprometer al PNV y a EA en una aventura soberanista y sembrar la cizaña entre las fuerzas democráticas sobre la política penitenciaria del Gobierno.

Ni siquiera los seis asesinatos y la decena de atentados perpetrados por ETA desde la ruptura de la falsa tregua han servido para que los actuales dirigentes del PNV y EA admitan ante la opinión pública sus errores de percepción o de cálculo en las negociaciones con la banda terrorista y rectifiquen su actitud capituladora. Sólo la bochornosa circunstancia de que ETA se haya comprometido públicamente a respetar las vidas y los bienes de los militantes y simpatizantes nacionalistas, mientras continúa amenazando de muerte a los vascos constitucionalistas y a los demás españoles, permite explicar que PNV y EA no abandonen el Pacto de Estella y sigan beneficiándose de los apoyos parlamentarios y municipales de EH. Y ni siquiera faltan dirigentes nacionalistas que llevan su desfachatez hasta culpabilizar al Gobierno y a los partidos democráticos de los crímenes terroristas por su resistencia a obedecer las órdenes de rendición dictadas por ETA y su negativa a entregar inermes a sus verdugos a los vizcaínos, guipuzcoanos, alaveses y navarros -más de la mitad de los 2,6 millones de habitantes de los cuatro territorios- dispuestos a no dejarse vencer por esa estrategia de desistimiento cobardemente aceptada por los dirigentes del PNV y EA.