Ruiz-Gallardón impone a los alcaldes el concurso-subasta para vender suelo

El vicepresidente regional, Luis Eduardo Cortés (PP), ha resuelto ya sus dudas jurídicas para frenar, mediante una ley, las subastas de suelo público y combatir así el aumento en el precio de los pisos. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, recaudó el año pasado 10.571 millones de pesetas por ese sistema que quiere eliminar el Gobierno regional a través de la nueva Ley del Suelo. Dicha norma pretende impedir "las subastas puras" y sólo admitirá el sistema de concurso-subasta para vender terrenos públicos.Cuanto más cuesta el suelo -y con el sistema de subasta se alcanzan precisamente los precios más elevados-, más se encarece el coste final de la vivienda. Pese a esta evidencia que nadie cuestiona, los gobiernos municipales tienden a utilizar el suelo como una de sus principales fuentes de financiación para acometer otras inversiones. El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, ha atribuido a este proceso el encarecimiento de los precios de las viviendas en Madrid.

La Consejería de Obras Públicas ha elaborado un borrador de la nueva Ley regional del Suelo "que reformará al completo la vigente en la actualidad", según Cortés, donde se pone límites a la venta de suelo público mediante el sistema de subasta. "El mecanismo que pretendemos introducir mediante la Ley del Suelo obligará a los ayuntamientos a incluir otras cláusulas, además de la oferta económica, para dirimir las adjudicaciones de suelo público a privado". Con el sistema de concurso-subasta que el Gobierno regional proyecta imponer por ley, los ayuntamientos estarán obligados a establecer, en el pliego de condiciones de los concursos, otros aspectos puntuables, además de la oferta económica, para vender el suelo municipal.

El texto de la futura Ley del Suelo, que ya tiene ultimado el vicepresidente regional, también recoge la obligatoriedad de reservar "al menos el 50%" de los terrenos de nuevos ensanches que los ayuntamientos recalifiquen para levantar viviendas protegidas (cuyo precio final se sitúa entre los 16 y los 20 millones de pesetas). Las cesiones obligatorias que deberán hacer los dueños de terrenos recalificados a los ayuntamientos "seguirán en el 10%", según el borrador de la ley.