Convenio para resolver la extradición de condenados en ausencia en Italia

El Consejo de Ministros tomó ayer la primera medida para evitar que España se convierta en el santuario de la Mafia italiana. El Gabinete acordó autorizar la firma del convenio en materia de extradición entre Italia y España para resolver el contencioso en la entrega de los mafiosos italianos refugiados en territorio español. Piero Fassino, ministro de Justicia italiano, y Ángel Acebes, su homólogo español, firmarán el próximo jueves en Madrid un acuerdo complementario del Segundo Protoloco Adicional al Convenio Europeo.

Aunque la Audiencia Nacional concedía las extradiciones de los mafiosos y delincuentes juzgados en rebeldía en Italia, el Tribunal Constitucional las está anulando al no garantizar ese país la celebración de un segundo juicio. Durante varios años 1.089 órdenes de detención para extradición de mafiosos y delincuentes italianos han sido anuladas por la policía española que atendía los consejos de Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Esta fiscalía no reconoce los juicios en ausencia celebrados en Italia.Según la Fiscalía Anti-mafia italiana esta situación provocó que España se haya convertido en el refugio "más seguro" de los mafiosos italianos. La denuncia de El PAÍS provocó que tras la reciente cumbre de Nápoles el Gobierno español desbloquera 800 de las 1.089 órdenes de detención canalizadas a través del sistema Schengen. Ahora, 57 delincuentes italianos están pendientes de procesos de extradición.

El próximo miércoles se reunirá en Madrid una comisión técnica para ultimar los detalles del acuerdo que segun fuentes de Justicia "es satisfactorio" para ambos países. El Gobierno español estudia una posible modificación de la ley de Extradición Pasiva que no contempla los juicios en rebeldía, característicos del Código Procesal italiano. Italia cederá también en su procedimiento y otorgará mayores garantias. Ambos países, según los canjes de notas que se han preparado, se acogerán al Convenio Europeo de Extradición.

Además el Consejo de Ministros aprobó los siguientes acuerdos o reales decretos:

- Nombramientos. Eduardo Font Serra ha sido nombrado director del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia; Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; Fernando Herrero-Tejedor Algar, fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado; José Marí Olano, director general de Política Autonómica; José Ignacio Lequerica Pérez, director técnico de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear; Antonio Gea Malpica, director técnico de Seguridad Nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear. Además se designa a Gonzalo Gil García subgobernador del Banco de España, a Gonzalo Jorge Ferre Molto, director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a Gonzalo Ramos Puig, director general de Financiación Internacional y a Ramón Aguirre Rodríguez, presidente del Instituto de Crédito Oficial.

- Víctimas del Terrorismo. Además de remitir a las cortes el proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario de 46.624 millones de pesetas para sufragar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, el Gobierno impuso ayer condecoraciones a las siguientes personas: Francisco Carrillo García, Luciano Cortizo Alonso, Félix Gallego Salmón, Elías García González, Juan García León, Juan Manuel García Mencía, Antonio Gómez García, Antonio Gómez Osuna, Mariano de Juan Santamaría, Antonio Palomo Pérez, y Domingo Puente Marín.

- AVE Madrid-Barcelona. El Ejecutivo autorizó el contrato de tres subestaciones eléctricas en el tramo Zaragoza-Lleida del AVE Madrid-Barcelona-Frontera francesa.

- Misiones de paz. Se conceden suplementos de crédito por 8.155 millones de pesetas para atender las necesidades derivadas de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones de paz en el extranjero.

- Libre circulación a Suiza. El Consejo de Ministros aprobó la firma del acuerdo de libre circulación de personas entre la Unión Europea y la Confederación Suiza. Así, los ciudadanos de los estados miembros de la UE y los suizos tienen derecho a entrada, residencia y trabajo, entre otros.

- Auditorio en Ourense. El Ministerio de Educación y Cultura aportará 450 millones en tres años para la construcción de un autoditorio-palacio de congresos, cuyo coste total asciende a 1.300 millones de pesetas, según recoge un convenio suscrito por dicho departamento, la Xunta de Galicia y el concello de Ourense.