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El Supremo de Ecuador ordena la detención del ex presidente Mahuad

El Tribunal Supremo de Justicia de Ecuador ordenó ayer la detención preventiva del ex presidente Jamil Mahuad y de la ex ministra de Finanzas Ana Lucía Armijos, que con anterioridad fue embajadora en Madrid. Mahuad, destituido en enero pasado durante un golpe cívico militar, y la ex ministra Armijos son acusados de perjuicio al Estado por la incautación de cuentas bancarias que aplicaron en marzo de 1999, durante su administración. El presidente del Supremo, Galo Pico, mediante una providencia, explicó que el ex presidente cometió un delito al ordenar la incautación de los depósitos de todo el sistema financiero nacional. "Existen indicios de varios delitos contra las garantías constitucionales y contra la administración pública que merecen pena privativa de la libertad", contra los principales implicados, señala el sumario.

El informe judicial, de 17 páginas, solicita también los testimonios de los ex ministros de Energía René Ortiz; de Agricultura Emilio Gallardo; de Comercio Exterior Héctor Plaza; de Economía Guillermo Lasso; y de otro ex ministro de Finanzas, Alfredo Arízaga. La causa podría dar lugar a una petición de extradición, ya que Mahuad y Armijos se encuentran fuera del país, según informaron medios de comunicación locales. El abogado defensor de Mahuad, el ex representante de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Patricio Vivanco, afirmó que el destituido ex presidente está trabajando en Estados Unidos, pero aseguró que retornaría al país para defenderse de las acusaciones, siempre que la Justicia le ofrezca garantías.

Colaboradores en la banca

El Supremo solicitó, además, que la Superintendencia de Bancos proporcione los informes sobre "todas las instituciones financieras que se encontraban operando" el 11 de marzo de 1999, cuando se ordenó la incautación de los depósitos. Entre los hechos que se investigan para procesar a Mahuad destacan el que durante su gobierno (agosto 1998-enero 2000), varios de sus colaboradores fueron administradores o propietarios de bancos, muchos de ellos despojados de las entidades después de que registraran grandes pérdidas patrimoniales. Asimismo, sugiere que el estado de emergencia que Mahuad declaró en el país cuando se desató la crisis bancaria, supuestamente "extralimitó" el ámbito de su investidura y no se ajustó a las normas constitucionales. Asimismo, acusa a Mahuad de "arrogación de atribuciones" y de afectar los derechos ciudadanos, por lo que cuestionó la validez jurídica de la decisión de incautar las cuentas bancarias. El ex presidente Mahuad ha afirmado que sus decisiones intentaron salvar al sistema financiero de una catástrofe, así como evitar una eventual retirada masiva de depósitos. No obstante, los efectos de su decisión aún no han concluido, pues la devolución total de los depósitos incautados tardará meses, según advirtieron las autoridades.

Pero, además Mahuad está implicado en un caso de presunta corrupción por la mala utilización de dinero donado para su campaña por parte de banqueros. Uno de esos banqueros, Fernando Aspiazu, está en la cárcel acusado de estafa al Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de julio de 2000

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