Los defensores del Pueblo censuran la falta de alternativas a la pena de prisión

Los defensores del Pueblo han advertido sobre las escasas posibilidades de aplicación de las penas alternativas a la prisión recogidas en el Código Penal, como los arrestos de fin de semana o la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, por falta de lugares adecuados donde desarrollarlas. El Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, y sus ocho homólogos autonómicos, reunidos la pasada semana en un congreso en Vitoria, analizaron la situación de estas penas sustitutivas de la cárcel, recogidas en el Código Penal de 1995.Según los datos aportados correspondientes al año 1999, en todo el Estado existen 45.416 reclusos, entre los que cada año aumenta en una proporción del 200% el número de mujeres y también en una alta proporción los extranjeros. La tasa actual de encarcelamiento de España es de 116 internos por 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 94 por 100.000 habitantes.

Ante estos datos, los defensores coincidieron en destacar la conveniencia de favorecer el régimen abierto de las penas para reducir el número de reclusos y conseguir la reinserción social de los mismos. Según expusieron, "al permanecer integrado en la sociedad, el sujeto que ha delinquido tiene más posibilidades de comprender las consecuencias de sus propios actos y de valorar las repercusiones de éstos y de los daños que ha acusado".

Crear infraestructuras

Por ello, urgieron a crear las infraestructuras materiales y humanas que requiere este tipo de medidas punitivas. En concreto, reclamaron a las administraciones públicas que creen lugares adecuados para el cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana, y pidieron igualmente que se generen plazas que permitan la aplicación de las penas de trabajo para la comunidad.

En esta última tarea de creación de plazas para cumplir estos trabajos, opinaron que deben involucrarse las entidades locales y los servicios sociales comunitarios. Esta pena, "una de las novedades más esperadas" del Código Penal, de trabajos en beneficio de la comunidad se aplica a delitos de escasa relevancia que en la legislación anterior se sancionaban con condenas cortas de prisión. Los defensores alertaron que si continúa la escasez de infraestructuras necesarias para aplicarla se confirmará "su fracaso anunciado".

El defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, dirigió sus críticas hacia la "casi anecdótica" suspensión de las condenas por motivos humanitarios ante enfermedades graves e incurables, como en el caso de los toxicómanos, y reclamó a los jueces que utilicen "hasta sus últimas consecuencias el catálogo completo de penas y medidas reductoras de prisión". En este sentido, el diputado de lo Común de Canarias, Francisco Tovar, también incidió en la necesidad de impulsar medidas punitivas alternativas para evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios.

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