El presidente del Constitucional pide una criba en las quejas que llegan al tribunal

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, pidió ayer a los grupos parlamentarios una reforma de las leyes procesales que evite la avalancha de demandas de inconstitucionalidad que llegan a ese tribunal. Las siete mil quejas que recibe el TC cada año se deben, según Villalón, a que la justicia ordinaria no está ejerciendo la facultad de tutela judicial de los derechos y libertades fundamentales que le da la Constitución.

Cruz Villalón pide una reforma legal que proporcione "sosiego y tranquilidad" al Tribunal Constitucional", atascado por las más 7.000 quejas y demandas de recursos de amparo, entre otros asuntos, que ha recibido durante el último año. La avalancha podría evitarse, "si las quejas encontraran cauce en los juzgados y tribunales ordinarios", como lo prevé la Constitución, señaló.El magistrado hizo esta propuesta durante la clausura del curso de periodismo jurídico Un Pacto para la Justicia, organizado por la Escuela de Periodismo de EL PAÍS, la Universidad Autónoma de Madrid y los Colegios Notariales y celebrado en Miraflores (Madrid).

En una conferencia en la que intentó delimitar las competencias del Constitucional, el magistrado abordó uno de los problemas más acuciantes del tribunal que preside: no debería ejercer de forma exclusiva la tutela de los derechos fundamentales, que van desde la garantía de un juicio sin dilaciones hasta el cumplimiento de todos las exigencias legales cuando una persona ha sido privada de su libertad.

Según Cruz Villalón, para que los tribunales puedan tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas ante la Justicia hacen faltan algunas reformas más bien "técnicas" a las leyes procesales de lo penal, civil, laboral, y de lo contencioso y administrativo, entre otras, que el Legislativo debería acometer en los próximos meses.

Demandas de amparo

La solución al exceso de quejas y de demandas de amparo que llegan al Tribunal, y que se ha convertido en un recurso para apelar la decisión de un tribunal, exige, según el magistrado, "un completo desarrollo de la tutela judicial de los derechos y libertades previas al amparo judicial". Cruz Villalón no descarta que un particular acuda al alto tribunal, pero "las quejas deberían estar basadas en una resolución judicial previa", dijo.

El magistrado ofreció algunos datos generales sobre el funcionamiento del Constitucional, y señaló que la mayoría de quejas se refieren a dilaciones indebidas de los procedimientos judiciales y a casos de privación de la libertad. Y que la mayoría de los casos que tramita son de orden penal y laboral. También dijo que en numerosas ocasiones llegan casos de juzgados de primera instancia.

Según Villalón, este tribunal se pronuncia sobre un par de centenares de asuntos cada año. "Muchos ciudadanos esperan que les respondamos con una especie de sentencia, incluso cuando el Tribunal no ve lugar para la queja y no les da la razón", dijo.

El magistrado considera que los usuarios de la justicia no pueden "guardar la carta del Constitucional". Y aclaró que aunque una persona debe aprovechar los recursos que le ofrece la justicia, debe utilizarlos correctamente".

El presidente del Constitucional considera que si la justicia ordinaria diera una solución a los conflictos de amparo, el Tribunal Constitucional podría tramitar con más agilidad los conflictos de competencia territorial y todas las dudas sobre la interpretación de las leyes que se presentan cotidianamente. También señala que la Constitución española ha tenido que pasar por "un proceso de implantación", pero confía en que la tutela de los derechos fundamentales recuperen su sentido original", al tiempo que plantea la necesidad de darle un "repasito" a la ley orgánica que regula el funcionamiento de este tribunal, ahora que cumple 20 años.

El magistrado declinó pronunciarse sobre la controversia surgida entre el Constitucional y ciertos órganos de la Audiencia Nacional a propósito de las demandas de extradición solicitadas por los tribunales de los mafiosos italianos que se han refugiado en España. El Constitucional ha rechado varias demandas de extradición porque la Constitución española no admite que una persona sea juzgada en rebeldía y pide un nuevo juicio, una posibilidad no contemplada por la legislación italiana.