Amnistía dice que la política exterior española se supedita a los intereses comerciales

La defensa de los derechos humanos en la política exterior española es "marginal e incómoda" para el Gobierno y está claramente supeditada a los intereses comerciales, según un informe presentado ayer por Amnistía Internacional (AI). El Ejecutivo de José María Aznar otorga poca relevancia a la situación de los derechos humanos en sus relaciones con países como Rusia, China, Guinea Ecuatorial o Colombia, según indicó Esteban Beltrán, director de la sección española de AI, durante la presentación del informe anual correspondiente a 1999.

Beltrán destacó como ejemplo la orientación claramente comercial del viaje oficial realizado esta semana por el presidente José María Aznar a China mientras se pasaba de puntillas por el asunto del respeto a los derechos humanos en un país en el que en 1998 se ejecutó a casi 1.800 personas, según datos de la organización. "Mientras 1999, fecha en que se conmemoró el décimo aniversario de la matanza de Tiananmen, se convertía en el peor año de represión en una década en China, el Gobierno aprobaba la creación de una agregaduría en Shanghai para fomentar las relaciones comerciales".

El caso de Chechenia

El tema también fue "marginal" en la reciente visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a España, pese a las denuncias de la organización sobre violaciones de derechos humanos en Chechenia, según Beltrán. La única excepción a la tibieza con que las autoridades españolas tratan a los países denunciados por AI es Cuba, según la organización. El responsable de AI destacó también la "incomodidad" que supuso para el Gobierno el caso Pinochet y su "falta de colaboración activa" con la justicia española, especialmente con su negativa a tramitar la apelación del juez Garzón contra la decisión del ministro del Interior británico de liberar al ex general por razones médicas.

El informe subraya además la falta de transparencia en el comercio de armas, campo en el que España se encuentra entre los ocho países más importantes del mundo, y denuncia la "sorprendente práctica gubernamental" de nombrar como miembros del consejo de administración de empresas de participación pública que fabrican y exportan material militar a personas que al mismo tiempo ocupan cargos relacionados con el control de la venta de armas. El informe cita a cuatro personas en esta situación. En ese sentido, también se critica que las actas de la Junta Interministerial de Defensa y Doble Uso que decide sobre el comercio de armamento siguen siendo secretas desde 1986, lo que impide verificar a qué países se venden y si son utilizadas contra población civil indefensa.

Como aspecto positivo, Amnistía reconoce las gestiones realizadas por muchas instituciones, tanto de la Administración del Estado como locales, en defensa del español Joaquín José Martínez, cuya condena a muerte fue recientemente revocada por el Tribunal Supremo de Florida, y del ciudadano español de origen sirio Nabil Nanakli, condenado a la pena capital en Yemen bajo acusaciones de organizar un grupo armado que planeaba desestabilizar el Estado y asesinar al ministro de Asuntos Exteriores.