Jospin se compromete a una rebaja fiscal de tres billones en tres años

Francia tiene que reducir la presión fiscal y modificar su sistema impositivo. Ésas son las principales conclusiones a las que ha llegado el Consejo de los Impuestos con el objetivo de que la fiscalidad gala sea competitiva en el plano europeo, y reforme un sistema que considera "complejo, falto de coherencia y no transparente". Las pistas que indica el Consejo se atienen al objetivo explícito del gobierno de Lionel Jospin, que se ha comprometido a renunciar a 120.000 millones de francos (3 billones de pesetas) de impuestos en el plazo de tres años.

El dictamen del Consejo de los Impuestos, un organismo compuesto por magistrados vinculados al Tribunal de Cuentas, estima que el conjunto de leyes y reglamentos que componen el entramado de la fiscalidad directa es "complejo, está falto de coherencia y no es transparente" y que eso es "peligroso porque los contribuyentes, y sobre todo los más jóvenes, pueden contemplar nuestra fiscalidad desde una comparación que se les puede antojar netamente desfavorable".Las propuestas del Consejo, que están siendo estudiadas por el ministro de Economía y Hacienda, Laurent Fabius, vienen a completar las medidas ya adoptadas por el gobierno: reducción selectiva del IVA, de los tipos de interés y de la tasa de habitación. El Consejo propone que se suprima progresivamente esa tasa de habitación, que califica de "no reformable", debido a su complejidad -se determina a partir de los ingresos del contribuyente pero también del alquiler que paga por su vivienda o del precio aproximado de la misma. En la actualidad la tasa, que todo el mundo admite que resulta muy a menudo extraordinariamente injusta, supone para el Estado unos 90.000 millones de francos.

El Consejo sugiere que la Contribución Social Generalizada, impuesto que pagan tanto las rentas del trabajo como las del capital y que fue puesto en marcha por Michel Rocard en 1990, deje de ser parcialmente deducible del IRPF, lo que supondría 40.000 millones de francos suplementarios para la Hacienda pública.

Entre las grandes novedades que propone el Consejo, destinadas todas ellas a simplificar el dispositivo, consta el suprimir el derecho a una exoneración del 20% del que se benefician el 90% de los sujetos fiscales y substituir este "regalo" fiscal que no beneficiaba a todo el mundo por una reducción de la presión en el IRPF. Eso significaría que la gente que más gana dejen de ver como el 54% de sus ingresos desaparece en las arcas ministeriales -pagarían un 43%- o que los más numerosos contribuyentes -los que abonan ahora entre un 33% y un 43%- tuvieran que pagar entre un 26% y un 34%.

Interesante y novedoso es también el que se hable de la conveniencia de modificar el actual sistema de recaudación, que toma siempre como parámetro para fijar el IRPF los ingresos de los dos años anteriores de la persona fiscal. El Consejo quiere propiciar la aparición de las retenciones sobre la masa salarial, que permite evitar el penalizar, momentáneamente, a quiénes han visto reducido su nivel de ingresos.

Preocupa también la supervivencia del llamado ISF, es decir, Impuesto Sobre la Fortuna, que afecta a unos pocos miles de franceses y fue adoptado, en la década de los ochenta, por una izquierda que hizo de él su símbolo de una deseada ruptura con el capitalismo. Una vez reconciliada con la empresa privada y con el mercado esa misma izquierda, al menos los mayoritarios socialistas, ven en el ISF un arcaísmo que fomenta el conocido como efecto Laetitia Casta, es decir, que las personas que tienen una actividad profesional, a menudo breve, pero extraordinariamente bien remunerada -es el caso de buena parte de los deportistas de élite- prefieran domiciarse en Gran Bretaña o Suiza, con gran escándalo para los contribuyentes.