El Gobierno andaluz deja correr el tiempo y no actuará en contra de las cajas de ahorro rebeldes

El Gobierno andaluz no va a actuar en contra de las cuatro cajas de ahorro que se han opuesto a adaptar sus estatutos a lo que dictamina la ley y dejará correr el tiempo para que sean los propios presidentes de las entidades los que convoquen de nuevo a las asambleas y voten otra vez adecuar sus normas. Paralelamente, el PSOE ha intensificado los contactos con Izquierda Unida y el Partido Andalucista para que cuando se repitan los procesos éstos prosperen. El plazo para la adecuación de la ley terminó ayer sin que la Junta adoptara alguna de las salidas jurídicas que con tanta insistencia se anunciaron.

La actitud del Gobierno andaluz es la de dejar que corra el reloj sin aplicar medidas coercitivas o sancionadoras, como sugirió el vicesecretario general del PSOE, José Asenjo, ni tampoco decretar una ampliación del plazo para que las entidades adapten sus estatutos a lo que dice la norma del Parlamento. La consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, afirmó ayer que la prórroga legal "no es posible", ya que cualquier modificación a través de una orden inferior a la de la ley podría se recurrida ante los tribunales contencioso-adminitrativos y emborronar aún más un proceso ya de por sí plagado de dificultades. Álvarez, sin embargo, aseguró que la adaptación de las cajas fuera de plazo "sería legal", aunque sus conductas son "sancionables". En este sentido, aseguró que hay "mecanismos jurídicos suficientes" para que las cajas acaten la ley y se remitió a un informe de los servicios jurídicos para "tomar las medidas oportunas" desde la tranquilidad y la serenidad. La consejera insistió en que, según las actas de las asambleas, los integrantes de las mismas estaban "mal informados" e instó a los presidentes a nutrirles de datos correctos.¿Cómo quedan las cajas de ahorro rebeldes? Tal y como estaban, con sus estatutos vigentes, excepto aquellos artículos que contravienen la ley y a la espera de que sus presidentes muevan ficha. Álvarez recomendó ayer a éstos que convoquen de nuevo a las asambleas para que "los que se han equivocado se adapten y vuelvan al camino adecuado". Fue una salida política tanto para el propio Gobierno como para los presidentes y su consejo fue seguido al pie de la letra pocas horas después por los responsables de La General de Granada, Julio Rodríguez, y de la de Jaén, Francisco Tudela. Ambos anunciaron la convocatoria extraordinaria de sus consejos de administración para convocar nuevas asambleas. Fuentes de las dos cajas sevillanas, cuyos presidentes se encuentran en Berlín, también se mostraron dispuestas a seguir la recomendación de Economía, si bien algunos portavoces de estas entidades advirtieron de que para que la modificación estatutaria salga adelante es necesario un acuerdo político. Fuentes del PSOE apostaron por la repetición de las asambleas en septiembre para ganar tiempo de negociación.

En este sentido, los socialistas han intensificado los contactos con el PA, su socio en el Gobierno, y con IU para amarrar con éxito los resultados en las nuevas votaciones y aislar al PP. Sin embargo, los andalucistas se alinearon ayer con la tesis del PP de que antes de la adaptación se apruebe el reglamento que desarrolla la ley, el cual no estará listo hasta otoño. La ley no obliga a que ambos procesos (adaptación de estatutos y reglamento) vayan parejos.

El coordinador de IU, Antonio Romero, envió el miércoles al presidente Manuel Chaves una propuesta para que se aplique la ley y recomponer la mayoría política sobre este asunto. Los socialistas acogieron con simpatía la iniciativa, que consta de siete puntos, excepto el de aprobar un decreto para ampliar el plazo.

En una pregunta de control del PP en el Parlamento, Álvarez acusó a este partido de "cometer un delito" al instar a sus representantes en las asambleas al incumplimiento de la ley. El portavoz popular, Antonio Sanz, que propuso la aprobación de una ley urgente para paralizar todo el proceso, reiteró que sin el apoyo de parte del PSOE no habría sido posible que las asambleas votaran en contra de la adaptación legal y dijo tener "la certeza total" de que el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, estaba en esa operación.