Un decreto regulará las condiciones de los parques infantiles para evitar riesgos

La Consejería de Asuntos Sociales quiere poner orden en los parques infantiles para limitar al máximo los riesgos de los menores. El borrador del decreto, que regulará las condiciones de los recintos públicos de juego infantil, contempla un plazo de cinco años para adaptarse a la norma y la concesión de ayudas públicas a los ayuntamientos para el acondicionamiento. El documento se presentó en el Consejo Regional de la Infancia, un órgano de asesoramiento de las administraciones que se constituyó ayer en Sevilla.

El texto elaborado por la Dirección General de Infancia y Familia establece una serie de medidas de seguridad e higiene en los parques infantiles, de titularidad o uso públicos, para evitar los riesgos que puedan perjudicar a los menores. Los recintos de juego, según el borrador, tendrán que estar ubicados a una distancia mínima de 30 metros de zonas de tráfico o, en otro caso, cerrados de forma que impidan el acceso de los niños a la calzada.Otra de las medidas establece que el suelo de las zonas de juego tendrá que ser de "materiales blandos que permitan la adecuada absorción de impactos y amortigüen los golpes y caídas". En cuanto a los materiales de los equipos de juego, no podrán ser tóxicos, metálicos, conductores de electricidad, astillosos o con aristas o bordes peligrosos.

El plazo previsto inicialmente para que los parques infantiles se adapten al decreto es de cinco años. Los ayuntamientos, además, recibirán ayudas de la Junta de Andalucía para acondicionar los espacios de juego a la normativa o para la construcción de recintos nuevos en aquellos lugares donde escaseen las zonas de esparcimiento infantil.

El borrador de este decreto fue presentado ayer por el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, en el Consejo Regional de la Infancia, un órgano de asesoramiento y supervisión en la aplicación de los derechos de la infancia. El consejo, que se constituyó ayer en Sevilla, está integrado por 28 personas, en representación de cuatro consejerías, las corporaciones locales y provinciales, organizaciones sindicales y empresariales, asociaciones de padres de alumnos, el Consejo Andaluz de la Juventud y un menor tutelado por la Junta de Andalucía como "usuario de centros y servicios específicos para la infancia".

Ley del menor

A la creación del Consejo Regional, previsto en la Ley de los Derechos y la Atención al Menor, le sucederán la constitución de órganos provinciales y de un observatorio de la infancia. Uno de los primeros temas sobre los que se pronunciará el Consejo regional será sobre la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, cuya entrada en vigor -en enero de 2001- suscita serias dudas en las Comunidades Autónomas y en las Fiscalías por la falta de medios para adaptarse plenamente a lo establecido en la nueva legislación.

Los consejeros de Asuntos Sociales de las autonomías socialistas han solicitado una moratoria de un año para dar tiempo a la creación de nuevos centros, donde los menores de 18 años cumplan sus condenas, y a la preparación de personal. "Siendo buena la ley, sería una barbaridad que se empeñaran en aplicarla en enero de 2001", dijo ayer Isaías Pérez Saldaña. La Junta calcula que la entrada en vigor de la ley del Menor requerirá una inversión de 13.800 millones de pesetas para la construcción de centros específicos, el mantenimiento de los mismos, los programas de seguimiento y el seguro de responsabilidad, entre otras actuaciones que contempla la normativa estatal, que eleva la edad penal de los 16 a los 18 años.

Saldaña destacó ayer que la formación de los profesionales constituye uno de los aspectos más importantes. En los centros, según el consejero, "los menores tendrán que ser sometidos a un proceso de reeducacion y resocialización para que los jóvenes delincuentes recuperen el proyecto de futuro que han perdido".

Andalucía cuenta, en la actualidad, con dos centros de internamiento de menores de carácter cerrado que tendrían que adaptarse a los requisitos de la ley, pero que resultarían insuficientes. Para cubrir las necesidades andaluzas se necesitarán cinco centros cerrados, además de otros abiertos para aquellos menores castigados por algún tipo de falta.

Entre 150 y 200 menores cumplen, en la actualidad, condena en alguna cárcel de la Comunidad, a los que suman otros 750 jóvenes que requieren algún tipo de vigilancia. En los últimos tres años, los expedientes de menores infractores se han incrementado en un 30%.