Las claves del 'motín' del sistema financiero

Los banqueros son conocidos por su alergia a salir en los papeles. Sin embargo, en los últimos días los protagonistas del sistema financiero andaluz ocupan primeras páginas en los periódicos: la decisión de las asambleas de cuatro cajas de ahorros (El Monte, San Fernando, Caja de Jaén y La General) de no adaptar sus estatutos a la ley de Cajas en el plazo marcado por la nueva norma autonómica ha provocado una incertidumbre legal que el Gobierno andaluz aún estudia como resolver.¿Por qué una ley andaluza de Cajas? Andalucía ha sido una de las últimas comunidades en dotarse de una ley propia para regular las cajas de ahorros con sede social en su territorio. Con la norma aprobada en diciembre de 1999, el Parlamento andaluz daba contenido a una competencia exclusiva que recoge el Estatuto de Autonomía y prevé la normativa estatal. Tan sólo Baleares y La Rioja siguen sin ley propia, mientras que la Cámara de Asturias aprobó la suya el pasado viernes.

El rechazo de las asambleas de las cuatro cajas a adaptarse a la ley. La ley marca un plazo de seis meses desde su entrada en vigor (que vence el próximo 29 de junio) para que las asambleas adapten sus estatutos a la nueva norma. Sin embargo en cuatro de las cajas andaluzas los Consejos de Administración no han conseguido el respaldo necesario de dos tercios de los consejeros delegados. Una decisión que supone, de hecho, la no aceptación de la nueva norma autonómica.

La causa de la 'rebelión'.

Entre los motivos que esgrimieron algunos consejeros generales en las asambleas insumisas se repitió con insistencia lo que ya habían anticipado los dirigentes del PP, el vicepresidente del PA, Pedro Pacheco, y representantes de la asociación de usuarios de banca Ausbanc: la ley dejaba en el aire cómo se iban a llevar a la práctica varios de sus artículos y la Consejería aún no ha elaborado el reglamento que debe desarrollar la norma. Sin embargo, no hubo reproches a los proyectos de nuevos estatutos que presentaron los presidentes.

¿Es necesario el reglamento para cambiar los estatutos? La ley se remite al reglamento para muchas cuestiones, pero no en lo relativo a cómo modificar los estatutos o a cómo elegir los miembros de los órganos de gobiernos de las cajas.

¿En cuántas comunidades las cajas aguardaron al reglamento para cambiar sus estatutos? Aquí hay una gran disparidad. De las trece comunidades que, además de Andalucía, cuentan con ley propia, sólo en Navarra, Valencia, Castilla-La Mancha, y Castilla-León, la modificación de estatutos se produjo tras la elaboración del reglamento. En el resto, el cambio se apoyó únicamente en la ley.

¿Cuándo estará el reglamento? La Consejería de Economía asegura que lo tendrá listo en octubre, diez meses después de la promulgación de la ley. La norma, como es habitual, no estipula plazo alguno para que el Consejo de Gobierno lo apruebe; en el caso de la ley de Turismo, que se aprobó el mismo día que la ley de Cajas, la Consejería de Turismo aún no ha fijado fecha alguna para el reglamento, también requerido por empresarios del sector.

El origen del conflicto: la tramitación parlamentaria. El texto que elaboró la Consejería de Economía, tras su paso por el Parlamento andaluz, quedó casi irreconocible. La presión del PP echó abajo la caja de cajas, la entidad llamada a coordinar las actuaciones del sector y los votos del PA e IU dieron a los presidentes con mandato agotado un periodo extra de cuatro años. Las enmiendas también afectaron al plazo previsto para el cambio de estatutos. El proyecto de ley establecía un máximo de un año, pero al final, tras una propuesta del PA, se aprobó un plazo más pequeño, de seis meses. Había una enmienda que reclamaba un tiempo aún menor: cuatro meses. La firmaba el grupo parlamentario socialista.

Votaciones secretas, votaciones a mano alzada. Los presidentes de las cinco cajas inmersas en el cambio de estatutos han defendido la modificación en las asambleas, pero el modo en que se desarrollaron las votaciones refleja una coincidencia llamativa: En Únicaja, la única entidad que aprobó el cambio se votó a mano alzada; en el resto, los votos fueron secretos. Dirigentes socialistas han recriminado a los presidentes de las cuatro cajas rebeldes (todos ellos apoyados en su momento por el PSOE) no haber hecho lo suficiente por convencer a los impositores (representantes de los clientes), que tienen el 44% de representación en la asamblea.

Las fusiones, al fondo. La ausencia de reglamento ha sido el argumento empleado por las asambleas para no acatar la ley, pero esta decisión tiene un mar de fondo: el debate sobre las fusiones. La apuesta de Álvarez por la caja única no hace gracia en Granada, donde recelan de una unión con Unicaja y sobre todo en Sevilla, donde sectores sociales y económicos se han decantado por el proyecto de unión de El Monte y Caja San Fernando, que defienden sus presidentes.

¿Y ahora, qué? El balón está en el tejado de la Junta, que debe dar respuesta a una situación inaudita. La ley faculta a la Junta para intervenir las cajas en caso de "irregularidad administrativa" gravísima y decidir, de oficio, la adaptación de los estatutos. Los servicios jurídicos también estudian la posibilidad de ampliar el plazo para convocar nuevas asambleas.

Excepción CajaSur. De todo este proceso ha quedado excluida por ahora CajaSur, que se acoge a la suspensión de varios artículos que le afectan, decretada por el Tribunal Constitucional.