El PP revoca el acuerdo para demoler la planta de El Morlaco

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, del PP, tiró ayer de su mayoría absoluta para revocar el acuerdo plenario sobre una de las mayores polémicas urbanísticas a la que se enfrentó en la pasada legislatura, el exceso de altura de un edificio de lujo construido en la privilegiada zona de El Morlaco.El PP se agarró a un dictamen externo de un catedrático de Derecho Administrativo, Luciano Parejo, para zanjar la polémica con una sanción de 31 millones de pesetas a la constructora, lo que provocó las iras de los grupos de oposición. Precisamente fueron PSOE e IU cuando disponían de mayoría absoluta en la anterior corporación municipal quienes impusieron al PP la demolición de una de las plantas del edificio, que se construyó elevando la altura en casi dos metros.

Según la revocación del acuerdo aprobada ayer en el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la constructora deberá demoler sólo los casetones de los ascensores, además de pagar la multa de 31 millones de pesetas.

El alcalde, Francisco de la Torre, volvió a defender ayer la decisión municipal sobre la base de la proporcionalidad de la medida. Sostiene De la Torre que el pleito planteado por la empresa en los tribunales "dificilmente" lo ganará el consistorio, según el informe del experto. E PP cree que hay que desbloquear una situación que se arrastra desde hace más de un año y que está perjudicando esencialmente a los ciudadanos que adquieron una vivienda en este edificio.

La oposición ha coincidido en criticar el carácter antidemocrático de la medida adoptada por la mayoría absoluta de conccejales del PP y en que se trata de un malísimo ejemplo ya que se ha sido tolerante con una gran constructora que vulneró las normas urbanísticas de la ciudad al construir sensiblemente por encima de lo que le permtía la licencia de obra municipal. Las obras siguen paralizadas desde hace dos años, cuando los servicios de inspección urbanística detectaron la anomalía. Los promotores tienen recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la orden de demolición.