"Si no es universal, el Estado de Bienestar tiende hacia la caridad"

El catedrático madrileño de Teoría Económica Julio Segura, de 56 años, consejero ejecutivo del Banco de España, entre otros muchos cargos, ha participado en Bilbao en unas jornadas sobre el Estado social, organizadas por la federación vasca de entidades en favor de las personas con deficiencias síquicas. El experto, que se autodefine de izquierdas, asegura que si se rompe la esencia del Estado de Bienestar social, que es la universalidad, se tiende hacia la caridad.P. ¿Cuándo puede un ciudadano decir que disfruta de un Estado de Bienestar mínimo?

R. La percepción del ciudadano no es la del político o la del economista. Lo que aquel pide es que cuando está en situación de inactividad laboral, por enfermedad, jubilación o desempleo, el sector público le garantice determinados ingresos que le permitan sobrevivir con dignidad. Además, pide tener derecho a la salud y a la educación en condiciones básicamente gratuitas.

P. ¿Protege bien el Estado del Bienestar que tenemos?

R. Protege bastante bien, ya que se gasta casi el 30% del PIB. Yo, que soy una persona de izquierdas, creo que el Estado de Bienestar debe garantizar un mínimo de subsistencia a todos los ciudadanos y debe prestar servicios de educación y sanidad también con carácter universal, y este principio es sagrado. Si se rompe, se rompe la esencia del Estado de Bienestar y se tiende al mecenazgo y la caridad privada.

P. ¿No se puede incurrir en la injusticia social?

R. Si para acceder a los programas protectores necesitas demostrar que tienes una renta baja, con el sistema fiscal español eso es bastante injusto. Todos sabríamos a quiénes estaríamos financiando: a los agricultores y a los profesionales liberales. Y, desde luego, a éstos, que me cobran lo que me cobran por sacarme una muela, preferiría no protegerles. Pero, si no ofreces educación y sanidad gratis para todos, los pagadores de impuestos máximos tendrán más razones para rebelarse contra el sistema porque, posiblemente, no usan los servicios. Y si ofreces los servicios sólo a los niveles de renta media y baja, es inevitable que la calidad del servicio disminuya, porque sólo atiende al 25%.

P. ¿Deben garantizarse las rentas a largo plazo o mejorar las oportunidades personales?

R. Me parece sensato que si una persona trabaja cuatro meses y luego pasa a la situación de desempleo, perciba el subsidio de desempleo. Pero, durante ese tiempo, se le debe estar formando para que encuentre un trabajo lo antes posible. Cuanto más igualemos las condiciones de oportunidades antes de entrar en el mercado de trabajo menos tendremos que dedicarnos a complementar rentas de las personas. Siempre es mejor pagarse la propia renta que el que la complemente el Estado, porque tiene un componente de arbitrariedad y de caridad.

P. Pero está el fraude fiscal.

R. Es un problema de inspección y, si defrauda usted, le meto en la cárcel. Quiero recordar que Al Capone acabó en prisión no por asesinar al personal, sino por no pagar los impuestos. En este país, el delito fiscal se instauró en 1977 y, teniendo en cuenta que las estimaciones de fraude están en torno al 40%, a más de cinco les debería haber tocado. No sé por qué los defraudadores importantes no van a la carcel.

P. Además de la voluntad de los gobiernos es necesario una situación económica favorable. ¿Se asegurar el futuro de la protección social?

R. El Estado de Bienestar ha sobrevivido en períodos tan malos como el que va de 1973 a 1985. El gasto público está diseñado para que cuando las cosas van mal crezca y pueda mantener los niveles de actividad. Por tanto, decir que se debe llegar al déficit cero, incluso al superávit presupuestario, en los períodos expansivos implica que es razonable acumular déficit en períodos depresivos.

P. ¿La existencia de ONG significa que las prestacciones sociales no llegan a todos?

R. Hay determinados tipos de necesidades que los programas de atención no cubren adecuadamente. En temas de marginación social, el sector público va con retraso y es natural que surjan organizaciones. Eso es sano, pero ¿esas organizaciones son los instrumentos adecuados para canalizar recursos públicos cuantiosos para hacer frente a ese tipo de programas? Contestaría, claramente, no, porque hay un problema de legitimidad. Además, hay que ver en qué se convierten algunas ONG cuando se hacen grandes; empiezan a acumular los defectos que achacamos al sector público. Otra cuestión es que la prestación de determinados servicios gestionados con dinero público lo puedan hacer mejor determinadas organizaciones.

P. ¿Cuál es el escenario deseable para el siglo XXI?

R. Mantener el mismo porcentaje de PIB, entre el 27% y 28%. Con una restricción presupuestaria, que no significa reducir las prestaciones, podemos reforzar unos programas y debilitar otros para proteger mejor a los que queremos proteger.