Dos jueces penales piden al fiscal que indique si hay prevaricación de concejales en el caso de la iglesia ilegal

Los dos jueces de instrucción (penales) que investigan las gestiones de 21 concejales del PP y dos de IU en el caso de la iglesia de Nuetra Señora de las Fuentes (barrio del Pilar) han pedido a la fiscalía de Madrid que se pronuncie sobre las diligencias que les ha remitido el Tribunal Superior de Madrid por supuestos delitos de prevaricación y desobediencia. La fiscalía deberá indicar si, como cree el Tribunal Superior, 23 concejales del Ayuntamiento de Madrid pudieron cometer un delito de prevaricación al iniciar los trámites para legalizar el citado templo pese a existir sobre él una orden judicial de demolición parcial cursada por el alto tribunal madrileño en virtud de una sentencia dictada hace siete años. El fiscal también deberá pronunciarse sobre la actitud del gerente de Urbanismo, Luis Armada, a quien el Tribunal Superior ha abierto diligencias por haberle desobedecido en las dos ocasiones en que le ha ordenado la demolición. Armada, de momento, ha recibido dos sanciones de 250.000 pesetas cada una. El proceso penal de la iglesia está separado en dos causas. La primera, por la supuesta prevaricación de los 23 concejales (21 del PP, incluido el alcalde, y dos de IU), la tramita el Juzgado 39 de Madrid. La segunda, por la supuesta desobediencia de Armada, ha correspondido al Juzgado 31. En ambos casos hay una deducción de testimonio por parte del Tribunal Superior, si bien éste no actúa como parte acusadora en ninguno de los procesos. Simplemente, se ha limitado a remitir las diligencias a la plaza de Castilla para que estos jueces investiguen si los ediles y el gerente han cometido tales delitos. La única parte que podría acusar en ambos asuntos es, de momento, el ministerio fiscal. De ahí la importancia del informe que le han solicitado ambos jueces penales.

Ambas investigaciones penales se están desarrollando al margen del proceso judicial que afecta a la iglesia. Lo último acontecido en este asunto es la decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo, hecha pública anteayer, de bloquear la orden de demolición del templo hasta que resuelva un recurso de queja presentado por el Ayuntamiento contra la ejecución del derribo.