Castigo para los transportistas de viajeros indocumentados

La reforma de la Ley de Extranjería elaborada por el Gobierno contiene una batería de medidas para disuadir a los transportistas que traen a España inmigrantes irregulares, quienes deberán responsabilizarse de los mismos.El borrador tipifica como falta muy grave, castigada con hasta 10 millones de multa, el transporte de viajeros extranjeros hasta territorio español sin comprobar la validez y vigencia de sus pasaportes, títulos de viaje y visados.

Las empresas de transporte tendrán que hacerse cargo del pasajero que, por deficiencias en su documentación, no sea autorizado a entrar en España, corriendo con los gastos de su mantenimiento y regreso al país de origen o traslado a cualquier otro donde esté garantizada su admisión.

La negativa a asumir estos costes también se considera infracción muy grave y podrá ser castigada, además de con multa, con la suspensión de actividades de la compañía.

La Administración podrá, igualmente, incautarse de los vehículos, barcos o aviones utilizados para trasladar a estos inmigrantes, tanto desde el extranjero hasta España como desde Ceuta y Melilla a la Península.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran muy peligrosa esta nueva regulación, pues podría impedir que personas perseguidas por razones políticas, que muchas veces carecen de la documentación necesaria para abandonar su país, puedan llegar a suelo español para solicitar asilo o refugio.

Aunque el proyecto del Gobierno señala expresamente que estas sanciones no serán aplicables en los casos en que se admita a trámite la demanda de asilo presentada por pasajeros mal documentados, los transportistas no pueden tener la seguridad de que dicha solicitud será aceptada y podrían tener la tentación de dejarles en tierra para evitarse ulteriores problemas.