500 propietarios y seis alcaldes bloquean las futuras autopistas de peaje R-3 y R-5

La rebelión de más de 500 propietarios contra la expropiación de sus terrenos y la negativa de los alcaldes de seis ayuntamientos (Navalcarnero, Arroyomolinos, Arganda, Rivas-Vaciamadrid, Moraleja de Enmedio y Perales de Tajuña) a firmar las actas de ocupación de suelo han bloqueado el inicio de las obras de las autopistas de peaje R-3 (Arganda-Madrid) y R-5 (Navalcarnero-Madrid).La construcción de las dos carreteras de peaje, cuya explotación durante 50 años corresponderá a la sociedad Accesos de Madrid (que agrupa a Cajamadrid, Acesa, ACS, FCC y Ena), acumula dos meses de retraso respecto a las previsiones iniciales. Los trabajos deberían haber comenzado el 6 de abril pasado, pero están empantanados por culpa de las expropiaciones que Fomento necesita acometer para que se construyan las dos autopistas.

Los 500 propietarios por cuyos terrenos pasarán las carreteras de peaje consideran que el Ministerio de Fomento y las empresas concesionarias han incumplido los trámites legales para ocupar sus fincas. El abogado que representa a los propietarios, Fausto Sánchez Cano, argumenta que aún no se ha sometido a información pública el proyecto de trazado de la carretera, por lo que difícilmente se puede acometer la ocupación de los terrenos para iniciar las obras. También señala el letrado que Fomento quiere expropiar una franja de 160 metros de anchura cuando lo estrictamente necesario para la carretera son 60 metros. "Eso motiva que las concesionarias, que quieren hacer negocio, hayan reducido el precio de las expropiaciones para ahorrarse dinero", explica el abogado.

Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la versión de la sociedad Accesos de Madrid sobre los problemas surgidos en las dos autopistas. El Ministerio de Fomento, en el pliego de condiciones del concurso para la construcción y explotación de las dos autopistas de peaje, planteó un espacio arbolado a ambos lados de la carretera que justifica la expropiación de una franja de 160 metros de anchura.

Los alcaldes aseguran que sus vecinos propietarios consideran ridícula la cantidad ofrecida para la expropiación, entre 300 y 350 pesetas por metro cuadrado.

Los 30 propietarios afectados por las expropiaciones de la futura autovía de peaje R-3 a su paso por Perales de Tajuña no aceptan los precios que la empresa constructora les ofrece por sus tierras. De hecho, el alcalde, el socialista Juan Antonio Montegrifo, reconoce que no ha firmado las actas de ocupación -imprescindible para que se inicien las obras- porque los vecinos se oponen a que lo haga. "El abogado que les representa les ha aconsejado que no firmen nada porque no conocen exactamente el precio que les ofrecen por sus terrenos. La empresa da una cantidad cerrada por cada parcela, pero no detalla cuánto abonará por cada olivo o por cada cepa que se tenga que arrancar. Y ante esas condiciones, los vecinos no aceptan. Si ellos no lo hacen, nosotros tampoco", señala.

El alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, del PP, tampoco firma las actas de ocupación de la radial R-5. "No es porque el regidor esté en contra de la autopista de peaje, sino porque los afectados han denunciado presuntas irregularidades y ocultación de datos en el proceso de expropiación", según manifestaron ayer fuentes municipales. El alcalde envió hace unos días una carta al delegado del Gobierno pidiéndole que le confirmase por escrito que "todo el proceso se ajustaba a la ley".

El Ayuntamiento se queja también de que carece de información "clara" sobre esta actuación. "No sabemos qué va a pasar con los caminos que existen o por dónde se trazarán las vías de servicio. No nos han explicado nada de nada", indican desde el Consistorio.

Actas de ocupación

Carlos Alberto Estrada, del PP, alcalde de Moraleja de Enmedio, reconoció ayer que el pasado 7 de junio no acudió a firmar las actas de ocupación de la R-5, porque 80 de los 90 afectados así se lo habían pedido. "Los propietarios de los terrenos se quejan de falta de información y de posibles irregularidades. Parece ser que el proyecto de construcción no se ha sometido a información pública. La concesionaria, como realiza las expropaciones por trámite de urgencia, no ofrece un precio por metro cuadrado. Nosotros hemos calculado que quiere dar poco más de 300 pesetas el metro, pero sólo son estimaciones. No obstante, es una cifra muy alejada de las casi 1.800 pesetas que Fomento está pagando por las expropiaciones de Barajas", dice.

"Yo reconozco", continúa el regidor, "que la concesionaria está actuando con mucha inteligencia porque ha empezado el procedimiento por los pueblos más alejados de la capital. Si hubiera empezado por Madrid, los precios se dispararían en los pequeños municipios. Pero una cosa es eso y otra que falte información hasta del precio que quiere pagar". El regidor explica que no está en contra de la autopista, "porque aquí se sufren los continuos y diarios atascos de la M-413, pero eso es una cosa y otra que se queden con las tierras durante 50 años, las saquen un rendimiento económico y aquí paguen poco".

El alcalde de Arganda, Pedro Díez (PSOE-Progresistas), tampoco firmó: "Se tiene que producir una negociación porque estamos hablando de un negocio privado lucrativo para el que se necesitan unas tierras de unos señores que están en su derecho de reclamar una compensación adecuada".