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Archivada la querella del PSPV contra seis altos cargos de Canal 9

El juez reprende al PSPV por "judicializar la política" al denunciar la gestión en RTVV

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Paterna, Ignacio Wenceslao Luján, ha archivado la querella presentada por el PSPV contra seis cargos o ex altos cargos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), a quienes los socialistas acusaron de haber organizado una trama destinada a detraer recursos del ente público para desviarlos a varias empresas privadas.El magistrado, en su decisión, asegura que no han quedado acreditados los delitos que los socialistas imputaban al ex presidente del consejo de administración de RTVV, Leonardo Ramón; al aún director general de la empresa, José Vicente Villaescusa; a dos ex directores de Televisió Valenciana, Jesús Sánchez Carrascosa y José Forner; al antiguo subdirector de Canal 9, Vicent Andreu y al ex responsable de programación de la cadena, Francisco Aura.

Es más, según Luján, los "indicios racionales de criminalidad, que animaron la incoación del procedimiento, se han ido desvaneciendo conforme avanzaba la instrucción". El PSPV acusaba en principio o cautelarmente a todos los procesados de hasta cuatro delitos: societario, tráfico de influencias, cohecho y malversación. En opinión del juez, no hay hecho alguno que incrimine a los cargos de Canal 9. "No hay prueba sobre dádivas, presentes o promesas derivadas" de la gestión de los querellados.

El PSPV acusaba a éstos de participar en un "cuidado plan de privatización de beneficios" pergeñado por Sánchez Carrascosa, quien, con la anuencia o implicación del resto de procesados, habría creado varias empresas audiovisuales que, o eran favorecidas por Canal 9, o trabajaban para la televisión pública a precios inferiores a los de mercado.

El juez Luján, contundente en sus opiniones, recuerda que la inocencia de los denunciados no ha quedado desvirtuada "ni aun indiciariamente". Por ello y porque, "de otra parte, la instrucción no es instrumento de fines políticos, ni debe prestarse a judicializar la política", procede decretar el sobreseimiento provisional del caso. Esta figura jurídica, a diferencia del sobreseimiento libre, implica que la investigación podría reabrirse en caso de aparición de pruebas incriminatorias.

Es más, el magistrado, cuya investigación se ha caracterizado por la lentitud, tampoco escatima criticas al abogado que ha representado al PSPV en el proceso, Francisco Granados. "La falta de rigor técnico del escrito de querella ha sido una dificultad añadida a la instrucción, pues presenta hechos diversos, imputaciones diversas, y todas ellas con el común denominador de la indeterminación acompañada de juicios de valor constantes".

En cualquier caso, la comunicación del archivo del caso desmenuza los fundamentos de la decisión. Respecto del delito societario -a grandes rasgos, la actuación, de espaldas y en perjuicio de la sociedad, de algunos de sus miembros- el juez no deja lugar a dudas sobre su decisión. Ese tipo penal no es aplicable a una sociedad pública y la falta de información que sufrían los representantes de la oposición sobre RTVV "es una cuestión meramente política", no judicial.

Es más, Luján ampara las constantes negativas del PP en varios foros a facilitar documentación en aras a criterios de "confidencialidad de empresa y mercado", argumento utilizado por Canal 9 para negar a las Cortes los contratos suscritos por el ente público con, precisamente, varias empresas de Andreu y Aura.

Éstos dos, hombres de confianza de Carrascosa, tampoco delinquieron -continúa el juez- al realizar varios programas para Canal 9 con un coste muy superior al que antes tenían y nada más abandonar la empresa pública para trabajar, en el mismo sector, pero en compañías privadas. Por ejemplo: si Babalà, un programa infantil, multiplicó su presupuesto al llamarse A la babalà y ser producido por Astel, no fue porque asi se favoreciera a sus propietarios, sino por sus nuevos contenidos y superior duración.

Irreprochable, siempre según el responsable de la investigación, la actividad de Astel Producciones, y totalmente legal la relación entre RTVV y Valencia Tc Ve o Teleproducciones Mediterráneo. Luján no cree demostrado que la cesión a la empresa de la mujer de Sánchez Carrascosa (Valencia Te Ve) de imagenes, decorados o películas haya podido ser delictiva.

Asimismo, si algunas series producidas por Teleproducciones Mediterráneo no han sido emitidas o eran de ínfima calidad, según sostenía el PSPV, "tampoco ahí se acredita la comisión de algún delito".

Granados, actual presidente de la gestora del PSPV, anunció ayer la presentación de un recurso contra el archivo del caso. "La pasividad del ministerio fiscal y del juez, que ni siquiera ha resuelto sobre la procedencia de practicar varias pruebas solicitadas, me ha sorprendido. Vamos a recurrir la decisión".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de junio de 2000